BELGRANO Y LA NACIÓN ARGENTINA

Mario MENEGHINI

 

   Me interesa reflexionar sobre Belgrano y la Nación Argentina, debido a que se están programando actividades para celebrar en el 2010 el Bicentenario de la Argentina. En realidad, es un aniversario equívoco. Si se toma la expresión Nación Argentina como equivalente a Estado Argentino, es necesario decir que el mismo no quedó constituido el 25 de mayo de 1810, fecha en que se formó un gobierno propio, pero provisorio, hasta que el Rey Fernando VII -que estaba preso de Napoleón- reasumiera su corona. El Estado Argentino sólo surgiría seis años después, con la Declaración de Independencia. En efecto, al asumir sus cargos los integrantes de la Junta Provisional Gubernativa, consta en el acta de acuerdos del Cabildo: “el presidente [Saavedra], hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, prestó juramento de desempeñar lealmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América a nuestro Augusto Soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar las leyes del Reino...”.
  

   Por otra parte, si se toma la expresión Nación Argentina en su sentido sociológico, como conjunto de personas que conviven en un mismo territorio y poseen características comunes: étnicas, linguisticas, culturales, históricas y religiosas, y manifiestan el deseo de continuar viviendo juntas; la Argentina ya estaba consolidada antes del 25 de mayo.
   Belgrano estuvo vinculado a ambos hitos históricos, pues fue nombrado Vocal de la Primera Junta en 1810; pero antes, en 1806 -año en que puede considerarse quedó manifestada la existencia de la nación- había participado activamente en la resistencia ante las invasiones inglesas.
   Confiesa Belgrano en su Autobiografía, haberse  sentido avergonzado de ignorar hasta los rudimentos más triviales de la milicia, lo que no le impidió ocupar su puesto de Capitán de Milicias Urbanas. Concretada la ocupación inglesa de Buenos Aires, Belgrano prefiere retirarse a la Banda Oriental, donde permanece hasta producirse la Reconquista de la ciudad. Cuando los integrantes del cuerpo de Patricios eligieron a sus jefes, Belgrano fue elegido Sargento Mayor, y, para sentirse útil en dicho cargo, tomó un maestro que le diese instrucción militar, considerando que no es lo mismo vestir uniforme que ser militar.
  
  

   Consideramos que en ocasión de las invasiones inglesas, quedó en evidencia que la Argentina como nación estaba ya consolidada pues:
 

1) Existía ya en esta parte  del territorio del Virreynato del Río de la Plata, mayoría de criollos, algunos de los cuales, como el mismo Belgrano, desempeñaban funciones públicas de importancia.
 
2) Existía, como lo afirma el sociólogo Guillermo Terrera, una cultura criolla argentina que para los años 1700/1750, tenía caracteres propios y definidos.
 
3) No existían en número suficiente tropas profesionales para repeler el ataque extranjero, de modo que la resistencia estuvo a cargo de las milicas criollas y de los vecinos que se sumaron voluntariamente a la lucha. Sería impensable que esto ocurriera en una sociedad cuyos integrantes se conformaran con ser una colonia. Precisamente, la decisión masiva  de los criollos de combatir, revela a un pueblo con identidad propia que asume la  defensa de  su tierra, pese a la ausencia del Virrey.
  
  

   Los recuerdos de Belgrano sintetizan bien la opinión general del momento: “me era muy doloroso ver a mi patria bajo otra dominación, y sobre todo en tal estado de degradación que hubiese sido subyugada por una empresa aventurera...”. Luego acota que como el Consulado tenía jurisdicción sobre todo el Virreynato, le manifestó a los demás funcionarios del organismo, que él como Secretario del mismo, debía trasladarse con el archivo y sellos a donde estuviese el Virrey Sobremonte, y que de ningún modo convenía a la fidelidad de los juramentos que habían efectuado, que reconocieran la autoridad del monarca inglés. Pero los demás miembros decidieron someterse a las autoridades británicas, por lo que Belgrano prefiere exiliarse.
   En otro pasaje de sus memorias, destaca la actitud de los soldados voluntarios en la Reconquista y posterior Defensa de 1807: “era gente paisana que nunca había vestido uniforme y que decía con mucha gracia que para defender al suelo patrio no habian necesitado aprender a hacer posturas, ni figuras en la plaza pública para diversión de las mujeres ociosas”.
   Siendo Belgrano ayudante de campo del cuartel maestre general, tuvo oportunidad de hablar con los oficiales ingleses prisioneros. Al Brigadier General Craufurd, que le insinúa la conveniencia para los criollos de aceptar el protectorado inglés para lograr la independencia de España, le contesta “nosotros queremos el amo viejo o ninguno”.

  

   Al tomarse conocimiento en Buenos Aires, que Napoleón había sido derrotado, y Fernando VII recuperado su libertad y entrado en Madrid en mayo de 1814, el gobierno argentino, presidido por el Director Posadas designa a Belgrano como enviado extraordinario ante Su Majestad Británica, pero con misión oficial ante Fernando VII, “para obtener de sus reales manos la seguridad de las pretensiones de estos pueblos, compatibles con los derechos de la Corona, y la cesación de las calamidades en que han envuelto al continente americano la insensatez, la pasiones y la ambición de las autoridades que dejó el reinado anterior y continuaron los gobiernos establecidos en su ausencia”.
   Estas consideraciones del Director Posadas reflejaban las motivaciones de mayo de 1810, y el sentido que se daba a las palabras libertad e independencia. Libertad significaba respeto de los derechos de los criollos, vulnerados por la prepotencia de las autoridades metropolitanas borbónicas. Independencia significaba exclusión de toda dominación extranjera -francesa, portuguesa o británica- que pretendiera usurpar estas tierras al rey español, aprovechando su prisión. De todos modos, mientras Belgrano permanecía en Europa, los congresistas de Tucumán resolvieron separarse de España y de toda otra dominación.
   No hubo un doble discurso en las autoridades criollas, sino que el surgimiento de un Estado soberano en el Río de la Plata, resultó de un proceso derivado de la crisis del régimen hispánico. Durante el reinado de Carlos III triunfa en España el despotismo ilustrado, y fue la propia monarquía borbónica, al adoptar las ideas de la ilustración, la que socava los fundamentos tradicionales en que se apoyaba el Imperio español. Tanto los  criollos como los españoles residentes en américa, percibieron que ya no participaban en una gran empresa misional como la que había comenzado en el siglo XVI.
  

   Se produjo un abandono paulatino de las provincias del imperio por parte de la metrópoli, que crearon una separación de hecho entre ella y los dominios de ultramar. En 1790 deja de funcionar la Secretaría del Despacho Universal de las Indias, pasando a depender sus trámites de los otros Secretarios de Estado, con la consecuencia lógica de que los funcionarios del rey delegaban los problemas de américa en empleados subalternos que no tenían facultades para resolverlos. Por otra parte, las guerras contra Inglaterra, que domina el Atlántico, paralizan el tráfico entre ambos sectores del imperio, situación agravada desde la batalla de Trafalgar (1805) donde quedó destruida la marina española. De modo que en los últimos cuatro años del régimen hispánico, el nuevo mundo estuvo desvinculado de España y sus pobladores comenzaron a habituarse a actuar por sí mismos.
   Así lo explica nuestro héroe en sus memorias: “de allí que sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. En efecto, avívanse entonces las ideas de libertad e independencia en América, y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos”. Dos años después, llega a Buenos Aires la noticia de la entrada de los franceses a Andalucía, y la disolución de la Junta Central, lo que impulsa a un grupo de patriotas, liderado por el Coronel Saavedra a intervenir para “quitar las autoridades, que no sólo habían caducado con los sucesos de Bayona, sino que ahora caducaban, puesto que aún nuestro reconocimiento a la Junta Central cesaba con su disolución...”.

   La conclusión de este recuerdo del prócer, en momentos en que la nación argentina se está desdibujando, por la pérdida de la concordia cívica, y el intento de suplantar nuestra tradición cultural por ideas de cuño gramsciano, es que sólo seremos dignos herederos del general Belgrano si situamos el verdadero Bicentenario de la Nación en la emulación del espíritu de la Reconquista, y convocamos a los patriotas dispersos, a modo de retreta del desierto, para los arduos combates que nos esperan si queremos restaurar la Argentina.

 

  FUENTES:
  -Zorraquín Becú, Ricardo. “La organización política Argentina, en el período hispánico”; Buenos Aires, Perrot, 1981.
  -Rottjer, Aníbal Atilio. “El general Belgrano”; Buenos Aires, Don Bosco, 1970.
  -Belgrano, Manuel. “Autobiografía”.

LA MONARQUÍA DE JUAN CARLOS

Antonio GARCÍA-TREVIJANO

 

   Los monarcas se adaptan bastante bien a la naturaleza de las monarquías posteriores a las revoluciones de la libertad en Europa. La más perfecta de las adaptaciones, la más fiel a la circunstancia política que los puso en el trono, la ha protagonizado Juan Carlos I. Conviene recordar todas las restauraciones o instauraciones monárquicas, para tener una perspectiva histórica desde la que juzgar con objetividad la conducta del Rey de España. Pues su silencio sobre el actual estado de la Nación española, produce escándalo en el pequeño sector monárquico, extrañeza en la mayor parte de los españoles, y confort a los partidos incrustados en el Estado.

 

   En realidad, Juan Carlos no puede ser condenado por lo que no puede hacer sin traicionar su juramento a la Constitución. El hecho de que ya lo hiciera como Sucesor, respecto del juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento después de Franco, no justifica la esperanza de que sea por dos veces perjuro. Sería cruel, por no decir impío, exigir o esperar un acto de inteligencia o voluntad autónomas en un espíritu educado bajo el dogma de obedecer las órdenes de quien tenga el poder de dárselas.

   Obedeció a su padre cuando éste tenía el poder de la sucesión dinástica. Hasta que le exigió que no obedeciera al dictador. Entonces lo traicionó, no por deslealtad familiar, sino porque el poder al que debía de obedecer, para ser Rey, no lo tenía Don Juan, sino Franco. Nadie como yo ha vivido tan de cerca aquel drama íntimo. A la muerte del dictador, el poder para consagrarlo Rey pasó a una sinarquía de traidores al franquismo y a la democracia. Por fidelidad al espíritu de obediencia infantil, donde forjó su falta de personalidad y de carácter, Juan Carlos perjuró, sin renegar de su adhesión a Franco, y juró fidelidad a un nuevo poder, que le ordenaba silencio, con buena vida, en la Constitución de una Monarquía de Partidos.

 

   El Rey de España, salvo renunciar al trono, inimaginable en su engranaje oportunista, no tiene capacidad para actuar contra las órdenes de unos Partidos que no sólo hicieron la Constitución a la medida de sus frívolas ambiciones, sino que son los únicos que pueden interpretarla y reformarla. El Rey firmará el Estatut y todo lo que le ponga a la firma la sinarquía del poder estatal. Su conducta es incluso más coherente que la del fundador de la actual dinastía británica. Pues Jorge I, sin hablar inglés, tuvo que ponerse en manos de la corrupción de Walpole, mientras que Juan Carlos no ha tenido que sufrir ese trance. Venía de la corrupción del poder franquista y convivió la corrupción felipista. Su conciencia inocente la crea el hecho de que el mundo de la corrupción moral es el único que ha conocido.

HORAS DECISIVAS EN EL PERÚ ( y 3)

Jorge GARCÍA-CONTELL

 

  Alan García Pérez será de nuevo Presidente del Perú pues así lo quiso un 53% de los votantes, frente a un 47% que prefería a Ollanta Humala Tasso. Apasionante objeto de estudio para politólogos es este caso en el que los dos candidatos finales fueron, precisamente, quienes más rechazo concitaban entre los electores al comenzar la primera vuelta electoral. Más de una cuarta parte de los peruanos declararon entonces que jamás, bajo ningún concepto, estarían dispuestos a respaldar a ninguno de ambos. Teniendo presente que el voto es obligatorio, la primera certeza que podemos deducir es que la mayoría del pueblo eligió muy a su pesar.

 

  En buena lógica no podía ser de otra forma. García es en sí mismo un compendio de torpeza e irresponsabilidad política; sus casi dos metros de estatura proyectan la siniestra sombra de un pasado todavía reciente de hundimiento económico, pobreza generalizada, forzosa emigración y corrupción desenfrenada. No; no estoy exagerando. Hasta donde alcanza mi memoria, se trata del primer candidato a un puesto de responsabilidad política que no enumera las virtudes de su primer mandato opportune et importune: antes bien, ha prometido por doquier que no repetirá sus errores del pasado. Humildad parece demostrar y un punto de desvergüenza creo que no se le negará. Ambas cualidades en igual medida y proporción que un hipotético pirómano que reconoce su funesta obsesión de épocas pasadas, ruega disculpas por la devastación que causó y, acto seguido, pide un bidón de gasolina y unos fósforos. Lo paradójico del caso es que más de la mitad de los que escuchan al pirómano acaban, de buen grado o a regañadientes, por facilitarle el combustible.

  Claro es que el segundo candidato no inspiraba mayor confianza. Sobre Humala ya escribí hace más de un mes y he de reconocer que en este periodo el veterano "etnocacerista" ha sabido moderar su manido recurso al racismo indigenista: demuestra ser más hábil que sensato. A mi modo de ver, Humala ha sumado a su contradicción de fundamento un grave error táctico. La contradictio in terminis se plantea al alzar la bandera del indigenismo (y no se trata de una figura retórica por mi parte sino de una realidad evidente repetida dondequiera que Humala ha realizado su campaña) y simultáneamente presentarse como "nacionalista". Racionalmente al menos, no es lícito añorar un pretérito perfectamente concluso en el siglo XVI y al mismo tiempo vindicar uno de los paradigmas de la modernidad. Por otra parte, el error táctico no es directamente imputable al candidato perdedor sino a su padrino y patrón: el Presidente venezolano Hugo Chávez. La ya proverbial verborrea del "neobolivariano" ha terminado por presentar a Humala de la más indeseable forma posible para un sedicente nacionalista: como un promocionado desde extramuros y un resorte en manos ajenas.

 

  El futuro se presenta incierto. Haya o no comprendido Alan García la diferencia entre demagogia y acción de gobierno, su mandato estará seriamente condicionado por la fragmentación parlamentaria en tres grandes bloques. Forzosamente habrá de buscar compromisos estables y se limitará a aplicar en el Perú los cánones socialdemócratas con resultado previsiblente no malo. El Perú de hoy conoce una vitalidad y crecimiento económicos insospechados en la década de 1980: ojalá en esta ocasión acierte a extender la bonanza económica de modo real y efectivo a esa mitad de hogares peruanos donde aún se vive bajo el umbral de pobreza. Pero las dudas no asoman tanto en lo relativo a la política de puertas adentro como a la vinculación peruana con su región y su espacio continental. Alejandro Toledo deja prácticamente ultimado el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., con ventajas y desventajas opinables desde un punto de vista estrictamente material, pero indiscutiblemente nos hallamos ante una alianza estratégica en toda regla con el coloso del norte. Se trata además de una alianza antinatural pues, en definitiva, repite el ya viejo eco del "panamericanismo" orquestado y controlado desde Washington. De la lectura del programa electoral del APRA puede concluirse que el Perú se adherirá al TLC con la rúbrica de Alan García, tras una fase de estudio previo en la que el nuevo Presidente tal vez intente arrancar alguna nueva concesión de la mano del Gran Amo. Lo que ya se antoja más problemático es que esta adhesión al TLC sea compatible con el propósito de potenciar la Comunidad Andina de Naciones (herida tras el abandono de Venezuela) con el objetivo final de avanzar hacia la Unión Sudamericana. Esa unión es cada día más compleja pues se están conformando tres bloques, si no antagónicos al menos diremos no complementarios: la zona TLC, el Mercosur y la "alianza bolivariana". Personalmente habríamos preferido que García mirase realmente hacia el sur, aunque también es verdad que habríamos deseado otro presidente en el Perú.

DESBORDADA Y SIN CONTROL

Jorge GARCÍA-CONTELL

 

  Entre los meses de febrero y mayo de 2005 se llevó a cabo en España un procedimiento administrativo de regularización de inmigrantes ilegales. Era ya el enésimo trámite de esta índole que recibía el eufemístico calificativo de “extraordinario” y, al igual que su inmediato precedente, venía precedido de una solemne declaración gubernamental en la que se explicaba taxativamente que no volvería a repetirse una medida similar. Eso fue exactamente lo mismo que dijo el anterior gobierno conservador al realizar su “última” regularización de clandestinos y nadie creyó ni a aquellos ni a estos. En realidad, la política hace tiempo que dejó de ser el arte de lo posible para convertirse en un juego sutil de sobreentendidos.

 

  En este momento viven en España unos cinco millones de extranjeros, millón y medio de los cuales residen al margen de la ley. Recuérdese la euforia de Jesús Caldera, ministro de Trabajo e inepto donde los haya, cuando hace un año, al concluir su “regularización” de ochocientos mil clandestinos, daba cuenta de los resultados con la euforia propia de quien se cree un estadista solventando para siempre un grave problema nacional. Pocos meses después, en otoño de 2005, las fronteras de Ceuta y Melilla eran literalmente asaltadas por oleadas de centenares de africanos. Desde el inicio de 2006 los traficantes negreros desvían su mercancía hacia Mauritania, Guinea-Bissau y Senegal para desde allí poner proa a las Canarias a bordo de navíos de desguace o en pequeñas embarcaciones, bastantes de las cuales zozobran antes de alcanzar su objetivo. Los gobiernos africanos continúan de facto expulsando a sus propios ciudadanos, conscientes de la fuente de divisas que supondrán en el medio plazo una vez instalados en España: nuestro país ocupa ya el sexto puesto entre las mayores fuentes de envío de dinero hacia el extranjero, factor éste que agrava el ya abultado déficit de nuestra balanza comercial. Y, con ser estos cuantiosos ingresos dinerarios una razón suficiente para tolerar, facilitar e incluso alentar la huída de su población, no es el único aliciente para una clase política pseudotribal: la estadística de nuestro sistema sanitario revela que una tercera parte de los africanos que llegan a España son portadores de graves enfermedades como el SIDA, la tuberculosis o la malaria, por lo cual pasan directamente de ser un problema irresoluble en sus países de origen a convertirse en beneficiarios, forzosos y gratuitos, del entramado de previsión  y asistencia social financiado por varias generaciones de españoles.

  La situación de las Canarias se torna insostenible por momentos. Se trata de unas pequeñas islas con limitada capacidad de acogida de inmigrantes. Con fría regularidad administrativa el gobierno socialista se limita a repetir el mismo proceder que sus antecesores del Partido Popular: periódicamente traslada a la península a los nuevos colonos africanos, les provee de una orden de expulsión del territorio nacional y… sin solución de continuidad los pone en libertad en cualquier ciudad española. De modo desconcertante, el Ministro de Trabajo sostiene impertérrito que gracias a su iniciativa de regularización, nada novedosa como ya hemos anotado, en España se ha acometido una nueva política migratoria. Y es que el idioma es muy sufrido y cada vez más elástico: no entendemos por España la vacua evanescencia que imagina el presidente Zapatero; tampoco consideramos que cualquier tipo de cohabitación con derecho a roce pueda denominarse matrimonio y, ahora, hemos de concluir que tenemos un concepto de la novedad radicalmente distinto del que profesa este Gobierno. Sencillamente no vemos novedad en que el flujo migratorio ilegal continúe en aumento, tal como viene advirtiéndose desde hace más de una década, estimulado cada vez más por la pasividad, si no complacencia, de la Administración española. No vemos novedad en la permanente bolsa de ilegales, cíclicamente renovada, que son indolentemente abocados a la explotación laboral o a la delincuencia. No vemos novedad en la reiterada consigna de la bondad del fenómeno en un país que soporta un 10% de desempleados (extranjeros bastantes de ellos) y donde la presión de mano de obra abundante y barata se ha convertido en el principal elemento de contención de los salarios, como repetidamente reflejan todos los estudios sobre coyuntura económica. Lo único verdaderamente nuevo, y sólo hasta cierto punto, es la entusiasta coincidencia de esta izquierda de pacotilla con los intereses objetivos de las patronales de ciertos sectores productivos. Maravillas del nuevo orden mundial.

 

  La llegada masiva de africanos a nuestras costas es muy llamativa, siniestramente espectacular podría decirse, y objeto preferente de cámaras de prensa y televisión. Su diferencia étnica, religiosa y cultural convierte a los recién arribados en el icono de un fenómeno social, pero conviene tener muy presente que sólo un diez por ciento de los extranjeros que se afincan ilegalmente entre nosotros ha desembarcado de una maltrecha barquichuela. Algunos, pocos, llegan en avión y la inmensa mayoría cruza nuestras fronteras – recordémoslo: viola nuestra soberanía nacional – sobre todo en autobús desde territorio francés. La propia Comisaría General de Extranjería y Documentación calcula en 60.000 la cifra de búlgaros y rumanos  que han penetrado en España, desde enero hasta abril de 2006… ¡tan solo por uno de los pasos de la frontera en la provincia de Gerona! La comparación con la frontera canaria resulta escalofriante pues si aquella es mostrada por los medios de comunicación como un coladero sin freno ni límite, los mismos medios silencian cuidadosamente que, cada quince días, cruzan 7.000 ilegales el paso de La Junquera: la misma cantidad de africanos que llega a Canarias cada cuatro meses. Si ésta es la realidad cotidiana en uno solo de los pasos fronterizos podemos fácilmente realizar la extrapolación a los cientos de kilómetros de frontera hispanofrancesa para comprender que ya no estamos hablando de una invasión silenciosa, sino de un proceso implacable de sustitución de población.

 

  Los españoles, tal vez lentamente, están empezando a llegar a esta misma conclusión. Según el sondeo publicado el pasado mes de mayo por el diario “El Mundo”, elaborado por la prestigiosa empresa demoscópica Sigma Dos, el 69’1% de los españoles considera ya excesivo el número de extranjeros que acogemos y el 83% apoya el establecimiento de una política de cupos de inmigrantes, en función de las demandas de empleo. Sin duda es puramente lógica una necesaria correlación entre puestos de trabajo disponibles e inmigrantes asentados, pero no es suficiente. Ha de complementarse con la aplicación del principio de preferencia nacional, mediante el que se garantice una apacible convivencia e integración en el seno de la sociedad. Resulta cada día más urgente una estricta selección del flujo migratorio y una discriminación positiva a favor de las poblaciones que, por afinidad cultural y lingüística y por coincidencia religiosa, no pongan en riesgo la homogeneidad social y la identidad nacional. En otras palabras: la generosidad con los recién llegados no puede practicarse atentando contra el bien común de nacionales en trance de alienación y de extranjeros directamente recluidos en la marginalidad del ghetto. Por desgracia, es esta última práctica la norma invariable de conservadores y socialistas desde 1995; júzguese simplemente que más del 80% de los delitos sea perpetrado por extranjeros y que en las cárceles españolas la población extranjera llega hasta el 30 % del total, tres veces más que su ritmo de crecimiento fuera de las prisiones. He ahí la constatación irrefutable del exceso de población inmigrante, de la forzada delincuencia a la que es conducida por la laxitud gubernamental y del penoso fruto que produce la ausencia de selección previa.

 

  Seamos consecuentes y añadamos que nada de lo anterior será provechoso si antes, de una vez y para siempre, no se abandona la debilidad institucional que evita materializar la expulsión fulminante de todo aquel que irrumpa en nuestro hogar sin haber sido previamente invitado y, también, de quienes con su conducta violenta y antisocial acrediten fehacientemente que no son dignos de permanecer entre nuestro pueblo.

LOS ESPAÑOLES SÓLO QUIEREN LA DISOLUCIÓN DE ETA Y LA ENTREGA DE LAS ARMAS

Rafael LÓPEZ-DIÉGUEZ

 

  Elemento clave para analizar con exactitud el cambio del marco político provocado por el anuncio de la banda terrorista ETA, es el hecho de que el gobierno ha estado negociando, de forma directa o interpuesta, con los terroristas. Por tanto, al menos el primer comunicado es fruto de ese acuerdo, no siendo descartable que, incluso, la fecha del anuncio hubiera estado en función de los gestos del gobierno para reflotar las decaídas expectativas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero.

 

  Importante cambio del marco político, porque el gobierno ha pasado de una situación en la que era ampliamente cuestionado, en la que perdía apoyos importantes en su, hasta ese momento, consolidada base electoral, a un tiempo en el que no sólo recupera la iniciativa política sino que, además, ha obligado a la oposición a subordinarse a sus directrices, por más palabras con que lo intente desdibujar el presidente del Partido Popular, que ha pasado de una prevención tibia a una aceptación plena.

  Nadie puede dudar que, a efectos mediático-políticos, el impresionante agit-pro montado el día del anuncio de ETA y continuado al día siguiente ha sido un éxito. Aparentemente ha contribuido, sobre todo, a forzar las reservas del Partido Popular y a difuminar las posibles críticas. El agit-pro ha convertido un indefinible “alto el fuego permanente” (con términos distintos según sea la versión francesa o la eusquera) en la sonrisa de la paz; la intención clara fue transmitir la idea de que había llegado el fin de la violencia y el fin de ETA. El fin, como afirmó el presidente del gobierno en el Congreso, de treinta años de terror. Treinta y no cuarenta porque parece que al Presidente le cuesta contar los asesinados antes de 1975.

 

  El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desde su llegada al poder ha estado realizando pequeñas concesiones, en forma de anuncio, a ETA para que las negociaciones tuvieran viabilidad. El gobierno, que por esas concesiones sufrió un importante desgaste, del que pretendió ser usufructuario el Partido Popular, traducido en dos grandes manifestaciones, ha conseguido con el anuncio de ETA invertir la situación hasta tal punto que nadie pone objeciones a un proceso de negociación. No sólo eso; es que el anuncio de la tregua, y sobre todo la campaña de agit-pro organizada, han permitido que una cuestión fundamental como la aprobación del Estatuto de Cataluña en la Comisión Constitucional, que estaba erosionando de forma determinante el proyecto republicano-ciudadano de Zapatero, caiga en el olvido.

  Aunque existe diversidad de puntos de vista a la hora de contabilizar las treguas de ETA, varias de ellas podrían asimilarse a la actual. En todas las ocasiones anteriores las treguas tuvieron como consecuencia la reorganización de la banda; todas se produjeron cuando la banda se encontraba cercada policial y judicialmente, con una capacidad de reacción muy reducida. En esta ocasión la diferencia fundamental estriba en que la situación de ETA es mucho peor que en otros momentos. Sin cobertura política y sin la financiación que de la misma extraía, con sus líneas de control social deterioradas, con terroristas cada vez más jóvenes e inexpertos, con la mayor parte de sus dirigentes y militantes en la cárcel, con la pérdida del santuario francés, el gobierno ha optado por dar un balón de oxígeno político a la banda. La dirección de la banda ha aceptado la oferta porque sus dirigentes históricos, porque sus terroristas históricos, han presionado pues no quieren salir como ancianos de las cárceles. José Luis Rodríguez Zapatero confía en ese grupo histórico para sacar adelante su gran baza electoral para alcanzar la mayoría absoluta en las próximas elecciones: el fin de ETA. El presidente del gobierno estima que el modelo catalán, con mayores concesiones si fuera necesario, podría satisfacer al mundo abertzale. A ello acompañaría la aplicación de medidas de gracia para los presos, y la ley tiene caminos para ello, y la legalización de Batasuna aunque fuera mediante la creación de un nuevo partido. De ese diseño no dista mucho el contenido de los comunicados de la banda.

 

  Lo curioso es que, frente a lo anterior, nadie ha reparado en una serie de datos que, a mi juicio, son altamente reveladores. La sociedad se ha quedado con las palabras, “tregua”, “paz”, pero al mismo tiempo ha subrayado, una vez más, el divorcio existente entre la España real y la España oficial-mediática. Los españoles apoyan el fin de ETA, pero lo que quieren es eso: la disolución de la banda, la entrega de las armas y la puesta a disposición judicial de los criminales. Los españoles, mayoritariamente, se oponen a la excarcelación de los presos, a la moderación de la lucha policial y judicial contra el terrorismo, al acercamiento de los presos, a la legalización de Batasuna, al reconocimiento del derecho de autodeterminación, quieren que Otegui entre en prisión… Si los españoles, mayoritariamente, hasta que sean convenientemente reconducidos por la conjunción mediático-política, se oponen a todos esos puntos que están de forma implícita o explícita, como base para la negociación, en los comunicados de la banda ¿qué va a negociar el gobierno y en qué va a apoyar la oposición al gobierno?

 

  Después de todo lo expuesto son varias las preguntas a las que no es posible responder: ¿Por qué la oposición no ha exigido al gobierno que explique si ha habido o no negociación y qué compromisos ha suscrito ya el gobierno? ¿Por qué el gobierno y la oposición no han establecido con claridad los límites de esa posible negociación amparándose en figuras retóricas que pueden servir para una cosa y la contraria? ¿Por qué el Partido Popular ha ido reduciendo progresivamente sus reservas? ¿Por qué muchos nos tememos que el “alto el fuego permanente” no es más que una máscara que ha servido y va a servir para armar un Nuevo Estatuto Vasco que recoja los planteamientos políticos de ETA contribuyendo al proceso de desintegración de España que persigue Rodríguez Zapatero?

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA

Arnaldo SALVINI  

 

  La cesación de pagos de las finanzas públicas argentinas, declarada por el Presidente Rodríguez Saa en 2001, no fue más que la aceptación oficial de una realidad económica que venía de muy atrás y una decisión que se venía postergando a fuerza de obtener nuevos préstamos en condiciones cada vez mas leoninas e imposibles de cumplir. Presentamos un magnífico estudio del Dr. Salvini donde, rigurosa y detalladamente, queda descrito el irresponsable itinerario seguido por sucesivos gobiernos hasta alcanzar un endeudamiento exterior de 170.000.000.000 de dólares.

 

  Si se tratase de una pésima gestión financiera nos encontraríamos ante la paradoja de cómo uno de los países potencialmente más ricos del planeta llegó a la catástrofe económica y a la imposibilidad de proporcionar estabilidad y prosperidad a sus ciudadanos. Sólo esto ya sería de suma gravedad. No obstante, el Dr. Salvini explica con precisión que en este caso hay más que impericia: nos hallamos ante la responsabilidad criminal de gobernantes,  indignos de tal nombre, que quedó de manifiesto en sentencia firme de junio de 2000 dictada por el Juez Ballesteros.

 

  HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA

PROBABLE REELECCIÓN DE URIBE EN COLOMBIA

Inmaculada MOMPÓ 

 

  Hoy se están celebrando eleciones presidenciales en Colombia y los últimos sondeos conceden al actual Presidente Álvaro Uribe Vélez una intención de voto del 57% y a Carlos Gaviria Díaz (Polo Democrático Alternativo) un 23%. Nada hace pensar que la Presidencia cambie de titular y, a lo sumo, la única duda pendiente afecta a la posibilidad de Uribe de alzarse con la victoria en primera vuelta, consiguiendo más de la mitad de los sufragios.

  Alvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Es un antiguo miembro del Partido Liberal que ganó las elecciones de 2002 como independiente y que ha contado con el apoyo parlamentario de diversos partidos: P. Conservador, Cambio Radical, Partido Unión Nacional, Convergencia Ciudadana y otros. En aquel momento Colombia era un país azotado por las guerrillas comunistas, o narco-comunistas, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), amén de diversos grupos paramilitares y mafias de narcotraficantes. En realidad podía afirmarse que la soberanía de la República de Colombia era más nominal que tangible y que el Estado estaba a punto de disolverse en un caos de violencia y miseria.

  Las políticas del Presidente Álvaro Uribe en materia de Seguridad, desde 2002 hasta diciembre de 2005 desmovilizaron 22.947 miembros de grupos ilegales. Desde 2002 hasta 2005, la incautación de toneladas de cocaína aumentó en un 88%; en 2002 había dos aeronaves inmovilizadas, al finalizar 2005 había cincuenta y ocho. Las políticas de seguridad han contribuido a la generación de confianza, al incremento de la inversión y a la reactivación económica entre otras. Con toda certeza ésta es la principal baza de Uribe y el mayor éxito en su mandato. Igualmente ha anunciado que perseverará en el diálogo útil con los grupos armados al margen de la ley, con mediación nacional e internacional. Este diálogo, con miras a un proceso de paz, debe conducir al abandono de las prácticas terroristas, de las acciones hostiles, de la violación del Derecho Internacional Humanitario y de las vulneraciones de los derechos humanos de colombianos en campos y ciudades.

 

  Su segundo gran objetivo en caso de alcanzar la reelección es disminuir el índice de pobreza del 45% al 33% y el de indigencia del 17% al 12.6%. Anuncia la cobertura universal de educación básica y cobertura plena en salud. Su condición de aliado incondicional de los EE.UU. que le granjea escasas simpatías en la región, le ha llevado a contar con el apoyo de la superpotencia contra los traficantes (este año recibirá 624 millones de dólares) y a dejar prácticamente ultimada la adhesión al Tratado de Libre Comercio. Este tratado, principal bandera antiiperialista en Hispanoamérica por los férreos vinculos que establece entre los firmantes y el "gran vecino del norte", previsiblemente reportaría efectos mixtos en la economía colombiana. Haría peligrar la producción de arroz, maíz, trigo y la industria avícola, pero tal vez suponga una gran ocasión para el sector azucarero. Está por ver.

 

  Por nuestra parte nos limitamos a desear toda suerte de éxitos al ganado de los comicios de esta jornada. Más allá de nuestra afinidad o disparidad ideológica sus éxitos, si llegan, sólo tendrán un beneficiario: el noble pueblo hermano de Colombia. Ese pueblo que durante decenios ha venido siendo la víctima constante de la pobreza y la injusticia y de la locura asesina de bandas criminales. Así sea. 

EL ISLAM HUMILLA LA LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS CRISTIANOS

Samir KHALIL SAMIR, S.J.

 

  El caso del afgano Abdul Rahman, común a tantos otros de conversos islámicos, evidencia el problema de la violación sistemática de los derechos humanos en el islam. Si la sharía mata a un hombre que cambia de religión, debe ser condenada y no se puede poner como principio inspirador de leyes, en cuanto destruye todo ideal de convivencia y se contradice con la declaración de los derechos humanos de la ONU, aprobada en 1948 por casi todos los países musulmanes.
  Abdul Rahman, el afgano que se convirtió del islam al cristianismo, ha sido excarcelado con un “truco” jurídico: se le ha considerado demente y, por lo tanto, incapaz de seguir el juicio. Ha podido así evitar la pena de muerte que la sharía reserva a los apóstatas. Pero su caso es sólo uno entre las decenas de miles cada año. Sólo en Egipto cada año hay al menos 10.000 musulmanes que se convierten al cristianismo. Al mismo tiempo, hay al menos 12.000 que se convierten en musulmanes.

 

  El fenómeno de las conversiones al cristianismo desde el islam inunda todo el Medio Oriente y el mundo. La violencia fundamentalista que caracteriza el mundo musulmán actual empuja a muchos de ellos a preguntarse: ¿viene realmente de Dios una religión tan violenta? ¿Pero qué situación les espera a estos ex-musulmanes? La fuga, el escondite, la inmigración.
  Un amigo mío que ha querido bautizarse tuvo que huir de sus amigos universitarios porque un día se dieron cuenta de que tenía un evangelio de bolsillo en su habitación. Cuando empezaron a amenazarlo de muerte huyó, dejando sus estudios universitarios.
  La solución encontrada en Afganistán es la mejor solución, pero de compromiso. Debe servirnos para hacernos una pregunta radical: ¿qué tiene prioridad en el islam, los derechos humanos, reconocidos internacionalmente, o la sharía islámica? ¿Y si la sharía está en contra de los derechos humanos, no es hora de que la comunidad internacional la condene? Y si la sharía está inscrita -como dicen los fundamentalistas- en el Corán, es que hay dos alternativas: o el Corán niega los derechos humanos, o se debe volver a leer para limpiarlo de las incrustaciones falsas y violentas.

 

Islam: ¿política o religión?

 

  Según la ley afgana, Abdul Rahman tenía que ser ejecutado porque es un apóstata. La sharía está basada en el Corán y en la tradición islámica de los hadices (los dichos y los hechos de Mahoma). En el Corán se habla en 14 versos de aquél que reniega de la fe islámica. En siete no hay una alusión al castigo; en los otros siete se alude a un castigo, pero no durante la vida presente, sino en el más allá. En uno se habla del fuego eterno; en otro de la maldición de Dios, de los ángeles y de los hombres; en otro de los casos se habla de un castigo “doloroso”. Sólo en un verso del Coran (llamado “del arrepentimiento”, 9,74) viene prescrito un castigo doloroso.
  Según los juristas musulmanes, para decretar la pena de muerte se requiere la decisión (instrucción) explícita del Corán (la hudud). Si no se encuentra en el Corán, se puede basar en los hadices. Uno de estos hadices, uno de estos dichos de Mahoma - uno solo - afirma que se debe ejecutar a una persona por tres tipos de pecado, uno de los cuales es la apostasía.
  Históricamente hablando, el término “apostasía” se usa por primera vez, de modo ambiguo, después de la muerte de Mahoma. Algunas tribus árabes ya sometidas (islamo, en árabe) a la nueva fe, se “echaron atrás” (irqed, el mismo verbo que apostasía). Abu Bakú, el primer sucesor, intenta detenerlas, y con el temor de que otras tribus se “echen atrás”, las combate. Muchos de los compañeros del profeta estaban en contra de esta decisión. Pero después de que Abu Bakú devolviera las tribus rebeldes al seno del islam, todos la aprobaron. Desde entonces, este término ambiguo, “echarse atrás, volver atrás”, se aplica a todos aquellos que intentan abandonar la familia del islam.
  En el Corán hay algunos versos (cap. II, v. 191-193) que todos usan para estos casos, uno en especial con palabras muy peligrosas: “Matad a los enemigos de Dios dondequiera que los encontréis, expulsadlos de donde os han expulsado a vosotros. Ya que -y aquí viene la palabra peligrosa- la sedición o la subversión es peor que la misma ejecución”. Y en el v.193: “Combatidlos hasta que no haya más subversión o sedición y la religión sea aquella de Dios”. Esta palabra clave, “subversión” (en árabe fifnah), es la palabra usada en todos los casos para justificar la ejecución. En Irán se usa también para combatir a los homosexuales. Ejecutar a un subversivo es considerado “un mal menor” frente a la “subversión” que, difundiéndose, puede llegar a ser un fenómeno peligroso.

 

  Muhammad Chalabi, el jefe de Al Ahzar, decía en los años 50: “No obligamos al apóstata a volver al islam para no contradecir la palabra de Dios que prohíbe cualquier obligación en la fe. Pero les dejamos la oportunidad de volver voluntariamente. Si no vuelve, tiene que ser ejecutado porque es un instrumento de sedición (fifnah) y abre la puerta a los paganos para atacar al islam y para sembrar la duda entre los musulmanes. El apóstata está entonces en guerra declarada contra el islam aunque no levante la espada frente a los musulmanes”. En el islam éste es el pensamiento habitual.
  La semana pasada en El Cairo, hablaba con algunos musulmanes del caso de Abdul Rahman. Y ellos me respondían que también los occidentales hacen lo mismo. “Supongamos -decían- que uno de vosotros se haya pasado al enemigo y haya comunicado secretos de estado al enemigo. ¿No lo matáis? ¿No se merece un castigo radical? ¡El apóstata ha traicionado a la comunidad!”. Yo respondía: lo que estáis diciendo tiene que ver con el ámbito político, no con el religioso. Además, nosotros, los cristianos, no estamos muy a favor de la pena de muerte. Mis amigos musulmanes acababan: “La umma (comunidad) se defiende de los ataques contra el islam”. Yo respondía: “Pero Abdul Rahman no ha hecho daño a nadie. Es un hombre pacífico”. Ellos respondían con las mismas palabras que el jefe de Al-Ahzar: “Aunque no levante la espada, el apóstata es un subversivo”.

 

  Vale la pena señalar:
  a) El islam se presenta como un camino con un sentido único: se puede entrar pero no se puede salir.
  b) En el mundo islámico la cuestión de la libertad de conciencia no importa para nada.
  c) El islam se concibe a sí mismo en términos políticos.

 

  Pero aquí se abre una cuestión enorme: si el islam es un proyecto político, un movimiento que usa también la violencia más extrema, entonces debe combatirse de modo político. Y sobre todo, haría falta no llamarlo más religión -un movimiento espiritual que ayuda al hombre a tener paz. De hecho, en el islam hay una gran ambigüedad que sale a relucir cada vez que los musulmanes hablan en términos espirituales (“islam” significa paz (salam), convivencia, tolerancia, etc.,) y al mismo tiempo actúan de un modo político, justificando decisiones violentas.

 

La sharía está en contra de los derechos humanos

 

  Si la sharía ejecuta a un hombre que cambia de religión, entonces debe ser condenada y no se puede poner como base de constituciones nacionales. Si se pone la sharía como principio inspirador de las leyes, se destruye todo ideal de convivencia, y más aún si se pone en contradicción con la declaración de los derechos humanos de la ONU, aprobada en el 1948 por casi todos los países musulmanes. El artículo 18 de esta declaración dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión”. Y se precisa: “Tal derecho incluye la libertad para  cambiar de religión o credo y la libertad de manifestar individualmente o en comunidad, en público o en privado, la propia religión o el propio credo en la enseñanza, las prácticas, en el culto o en la realización de los ritos”.
  Y bien, observemos las noticias que nos llegan de los países musulmanes: todos los días se viola este artículo. En Indonesia se destruyen las iglesias; en Argelia se prohíbe manifestar en público la fe; en todos los países musulmanes se condena a muerte a quien invita a otro a dejar el islam. El mundo occidental se felicita por el éxito obtenido en el caso de Abdul Rahman, pero el acuerdo conseguido oculta el problema efectivo: las raíces de la violencia en contra del apóstata se encuentran en el Corán y en la tradición islámica, tanto que se puede hablar de incompatibilidad entre los derechos del hombre y los derechos previstos por el Corán.
  La conclusión es que ante el mundo islámico es necesaria una decisión: o decir que los textos de la tradición y del Corán son inaceptables, contrarios a la dignidad humana; o bien se tiene que interpretar el Corán eliminando aquellos aspectos de violencia ligados a las situaciones antiguas. No podemos seguir callados, o continuar hablando del islam de modo ambiguo, definiéndolo como una religión que “habla de paz y de tolerancia”, escondiendo los versos que empujan a la violencia y a las ejecuciones brutales. Tal actitud ambigua es vergonzosa para quien la tiene y para quien se mantiene callado.

 

Occidente no debe callarse

 

  Digo esto por afecto y simpatía hacia los musulmanes. Muchos amigos musulmanes tienen dificultades con los textos del islam y no saben qué decir. Si osan criticar los textos, los acusan rápidamente de apostasía y blasfemia. En el mundo árabe e islámico hay decenas de miles de casos: Salman Rushdie, Taslima Nazrin, Sarag Foda (egipcio que murió asesinado por ser un agnóstico que había criticado el islam); Naguib Mahfuz, que se arriesgó a ser ejecutado en el 95 por apóstata; tanto que debió retractarse. Después está el caso de Nasr Abu Zaid, al cual le han quitado la cátedra universitaria e incluso la mujer, que se ha visto obligada a divorciarse, porque él, condenado como apóstata, no podía tener ya una mujer musulmana. Ambos se han refugiado después en Holanda.

 

  No podemos cubrir todas estas aberraciones diciendo: ¡paciencia, el islam nació muchos siglos después del cristianismo, tiene que hacer aún mucho camino...! ¡Es como decir que el islam es una religión de tontos! En cambio entre los musulmanes hay grandes personalidades, científicos, intelectuales. En realidad, para Occidente ha llegado el momento de decir la verdad para salvar a los mismos musulmanes. Occidente cita cada día los derechos humanos, pero cuando se encuentra con casos como éstos, donde está en juego la ofensa máxima a los derechos humanos, la vida y la libertad de conciencia, los gobiernos occidentales se callan. El caso más típico es el de Arabia Saudí, que viola todos los derechos humanos, incluso los de su pueblo, y nadie dice nada.
  Occidente en el mundo islámico ha perdido tanta credibilidad por culpa de actos contra los derechos humanos como las guerras preventivas, las injusticias económicas, la inmoralidad de leyes occidentales, etc... Ha llegado el momento de una decisión: si hay una incompatibilidad entre los derechos humanos y los derechos del Corán, entonces -me sabe mal decirlo- hace falta condenar el Corán; o se debe decir: nuestra comprensión del Corán se enfrenta a los derechos de la persona y de la conciencia, y entonces hace falta cambiar la interpretación. Una cosa es cierta: no podemos quedarnos callados más tiempo. Es precisamente de estos días la decisión de los obispos europeos de dedicar el año próximo al estudio de los problemas del islam en Europa y en el mundo, a las relaciones de la Unión Europea con los países de mayoría musulmana, bajo el aspecto de la justicia internacional y de la reciprocidad. Pero si los países europeos se quedan callados, la “reciprocidad” nunca podrá ser demandada.

 

  Por sí solos los musulmanes no consiguen cambiar. Si Afganistán fuese un estado aislado, sin relaciones con Occidente, Abdul Rahman hubiese sido ejecutado. Los musulmanes con un conocimiento profundo de los derechos humanos son una minoría. El grupo de Amnistía Internacional en Egipto, por ejemplo, edita dos revistas mensuales en árabe, pero no consigue contrarrestar la tendencia fundamentalista. Es necesario que la comunidad internacional intervenga con presiones desde el exterior. En el caso de los derechos humanos no es para nada una intrusión. Hace falta llegar a tomar medidas serias: excluir de la ONU a quien no respeta la carta de los derechos humanos, hacer un boicot económico, etc... Quizás con el boicot algunos países al principio se pondrán aún más duros, pero al final se podrán salvar países y centenares de miles de personas de una terrible opresión.
  El problema de los derechos humanos en el mundo islámico no está ligado sólo a la apostasía. También personas que quieren seguir viviendo en el islam son sometidas a presiones sociales inauditas. Un ejemplo: muchas chicas que viven en Egipto hoy se cubren con el velo. Se dice que lo hacen voluntariamente. Pero la presión social es tal que si una chica sale sin velo, todos los vecinos de la casa empiezan a decir: ¿no os avergonzáis? Vuestra hija es una chica sin pudor. Así incluso las mujeres cristianas al final dicen: ¡preferimos ponernos el velo con tal de que nos dejen en paz! La apostasía es la punta del iceberg de un problema enorme: aún hoy en el mundo islámico hay un millar de personas encerradas en una prisión ideológico-religiosa; que les niega sus derechos humanos fundamentales. Esta tortura está alejando a mucha gente de la fe islámica. En Teherán los jóvenes se alejan cada vez más del islam, buscando la verdad en otras religiones: no soportan más esta justificación de la violencia. Quizás es por esto que en Irán los sitios cristianos son censurados u ocultados.
  El sufrimiento en el mundo islámico ha crecido con la globalización de la información. Gracias a la televisión, a la radio y a Internet, las ideas de libertad sobre los derechos humanos se difunden y esto aumenta el deseo y la frustración de los musulmanes, que no ven ningún futuro para ellos y para sus familias. Tiene que pasar que quien viva en los países islámicos no sólo encuentre el pan, sino también los derechos humanos. Si Europa no trabaja por esto, todos los discursos sobre la globalización son sólo palabras sin sentido. Callar es una injusticia cometida contra millones de personas. Ha llegado el momento de la denuncia, no para agredir, sino por amor.