LOS ESPAÑOLES SÓLO QUIEREN LA DISOLUCIÓN DE ETA Y LA ENTREGA DE LAS ARMAS

Rafael LÓPEZ-DIÉGUEZ

 

  Elemento clave para analizar con exactitud el cambio del marco político provocado por el anuncio de la banda terrorista ETA, es el hecho de que el gobierno ha estado negociando, de forma directa o interpuesta, con los terroristas. Por tanto, al menos el primer comunicado es fruto de ese acuerdo, no siendo descartable que, incluso, la fecha del anuncio hubiera estado en función de los gestos del gobierno para reflotar las decaídas expectativas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero.

 

  Importante cambio del marco político, porque el gobierno ha pasado de una situación en la que era ampliamente cuestionado, en la que perdía apoyos importantes en su, hasta ese momento, consolidada base electoral, a un tiempo en el que no sólo recupera la iniciativa política sino que, además, ha obligado a la oposición a subordinarse a sus directrices, por más palabras con que lo intente desdibujar el presidente del Partido Popular, que ha pasado de una prevención tibia a una aceptación plena.

  Nadie puede dudar que, a efectos mediático-políticos, el impresionante agit-pro montado el día del anuncio de ETA y continuado al día siguiente ha sido un éxito. Aparentemente ha contribuido, sobre todo, a forzar las reservas del Partido Popular y a difuminar las posibles críticas. El agit-pro ha convertido un indefinible “alto el fuego permanente” (con términos distintos según sea la versión francesa o la eusquera) en la sonrisa de la paz; la intención clara fue transmitir la idea de que había llegado el fin de la violencia y el fin de ETA. El fin, como afirmó el presidente del gobierno en el Congreso, de treinta años de terror. Treinta y no cuarenta porque parece que al Presidente le cuesta contar los asesinados antes de 1975.

 

  El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desde su llegada al poder ha estado realizando pequeñas concesiones, en forma de anuncio, a ETA para que las negociaciones tuvieran viabilidad. El gobierno, que por esas concesiones sufrió un importante desgaste, del que pretendió ser usufructuario el Partido Popular, traducido en dos grandes manifestaciones, ha conseguido con el anuncio de ETA invertir la situación hasta tal punto que nadie pone objeciones a un proceso de negociación. No sólo eso; es que el anuncio de la tregua, y sobre todo la campaña de agit-pro organizada, han permitido que una cuestión fundamental como la aprobación del Estatuto de Cataluña en la Comisión Constitucional, que estaba erosionando de forma determinante el proyecto republicano-ciudadano de Zapatero, caiga en el olvido.

  Aunque existe diversidad de puntos de vista a la hora de contabilizar las treguas de ETA, varias de ellas podrían asimilarse a la actual. En todas las ocasiones anteriores las treguas tuvieron como consecuencia la reorganización de la banda; todas se produjeron cuando la banda se encontraba cercada policial y judicialmente, con una capacidad de reacción muy reducida. En esta ocasión la diferencia fundamental estriba en que la situación de ETA es mucho peor que en otros momentos. Sin cobertura política y sin la financiación que de la misma extraía, con sus líneas de control social deterioradas, con terroristas cada vez más jóvenes e inexpertos, con la mayor parte de sus dirigentes y militantes en la cárcel, con la pérdida del santuario francés, el gobierno ha optado por dar un balón de oxígeno político a la banda. La dirección de la banda ha aceptado la oferta porque sus dirigentes históricos, porque sus terroristas históricos, han presionado pues no quieren salir como ancianos de las cárceles. José Luis Rodríguez Zapatero confía en ese grupo histórico para sacar adelante su gran baza electoral para alcanzar la mayoría absoluta en las próximas elecciones: el fin de ETA. El presidente del gobierno estima que el modelo catalán, con mayores concesiones si fuera necesario, podría satisfacer al mundo abertzale. A ello acompañaría la aplicación de medidas de gracia para los presos, y la ley tiene caminos para ello, y la legalización de Batasuna aunque fuera mediante la creación de un nuevo partido. De ese diseño no dista mucho el contenido de los comunicados de la banda.

 

  Lo curioso es que, frente a lo anterior, nadie ha reparado en una serie de datos que, a mi juicio, son altamente reveladores. La sociedad se ha quedado con las palabras, “tregua”, “paz”, pero al mismo tiempo ha subrayado, una vez más, el divorcio existente entre la España real y la España oficial-mediática. Los españoles apoyan el fin de ETA, pero lo que quieren es eso: la disolución de la banda, la entrega de las armas y la puesta a disposición judicial de los criminales. Los españoles, mayoritariamente, se oponen a la excarcelación de los presos, a la moderación de la lucha policial y judicial contra el terrorismo, al acercamiento de los presos, a la legalización de Batasuna, al reconocimiento del derecho de autodeterminación, quieren que Otegui entre en prisión… Si los españoles, mayoritariamente, hasta que sean convenientemente reconducidos por la conjunción mediático-política, se oponen a todos esos puntos que están de forma implícita o explícita, como base para la negociación, en los comunicados de la banda ¿qué va a negociar el gobierno y en qué va a apoyar la oposición al gobierno?

 

  Después de todo lo expuesto son varias las preguntas a las que no es posible responder: ¿Por qué la oposición no ha exigido al gobierno que explique si ha habido o no negociación y qué compromisos ha suscrito ya el gobierno? ¿Por qué el gobierno y la oposición no han establecido con claridad los límites de esa posible negociación amparándose en figuras retóricas que pueden servir para una cosa y la contraria? ¿Por qué el Partido Popular ha ido reduciendo progresivamente sus reservas? ¿Por qué muchos nos tememos que el “alto el fuego permanente” no es más que una máscara que ha servido y va a servir para armar un Nuevo Estatuto Vasco que recoja los planteamientos políticos de ETA contribuyendo al proceso de desintegración de España que persigue Rodríguez Zapatero?