DESBORDADA Y SIN CONTROL
Jorge GARCÍA-CONTELL
Entre los meses de febrero y mayo de 2005 se llevó a cabo en España un procedimiento administrativo de regularización de inmigrantes ilegales. Era ya el enésimo trámite de esta índole que recibía el eufemístico calificativo de “extraordinario” y, al igual que su inmediato precedente, venía precedido de una solemne declaración gubernamental en la que se explicaba taxativamente que no volvería a repetirse una medida similar. Eso fue exactamente lo mismo que dijo el anterior gobierno conservador al realizar su “última” regularización de clandestinos y nadie creyó ni a aquellos ni a estos. En realidad, la política hace tiempo que dejó de ser el arte de lo posible para convertirse en un juego sutil de sobreentendidos.
En este momento viven en España unos cinco millones de extranjeros, millón y medio de los cuales residen al margen de la ley. Recuérdese la euforia de Jesús Caldera, ministro de Trabajo e inepto donde los haya, cuando hace un año, al concluir su “regularización” de ochocientos mil clandestinos, daba cuenta de los resultados con la euforia propia de quien se cree un estadista solventando para siempre un grave problema nacional. Pocos meses después, en otoño de 2005, las fronteras de Ceuta y Melilla eran literalmente asaltadas por oleadas de centenares de africanos. Desde el inicio de 2006 los traficantes negreros desvían su mercancía hacia Mauritania, Guinea-Bissau y Senegal para desde allí poner proa a las Canarias a bordo de navíos de desguace o en pequeñas embarcaciones, bastantes de las cuales zozobran antes de alcanzar su objetivo. Los gobiernos africanos continúan de facto expulsando a sus propios ciudadanos, conscientes de la fuente de divisas que supondrán en el medio plazo una vez instalados en España: nuestro país ocupa ya el sexto puesto entre las mayores fuentes de envío de dinero hacia el extranjero, factor éste que agrava el ya abultado déficit de nuestra balanza comercial. Y, con ser estos cuantiosos ingresos dinerarios una razón suficiente para tolerar, facilitar e incluso alentar la huída de su población, no es el único aliciente para una clase política pseudotribal: la estadística de nuestro sistema sanitario revela que una tercera parte de los africanos que llegan a España son portadores de graves enfermedades como el SIDA, la tuberculosis o la malaria, por lo cual pasan directamente de ser un problema irresoluble en sus países de origen a convertirse en beneficiarios, forzosos y gratuitos, del entramado de previsión y asistencia social financiado por varias generaciones de españoles.
La situación de las Canarias se torna insostenible por momentos. Se trata de unas pequeñas islas con limitada capacidad de acogida de inmigrantes. Con fría regularidad administrativa el gobierno socialista se limita a repetir el mismo proceder que sus antecesores del Partido Popular: periódicamente traslada a la península a los nuevos colonos africanos, les provee de una orden de expulsión del territorio nacional y… sin solución de continuidad los pone en libertad en cualquier ciudad española. De modo desconcertante, el Ministro de Trabajo sostiene impertérrito que gracias a su iniciativa de regularización, nada novedosa como ya hemos anotado, en España se ha acometido una nueva política migratoria. Y es que el idioma es muy sufrido y cada vez más elástico: no entendemos por España la vacua evanescencia que imagina el presidente Zapatero; tampoco consideramos que cualquier tipo de cohabitación con derecho a roce pueda denominarse matrimonio y, ahora, hemos de concluir que tenemos un concepto de la novedad radicalmente distinto del que profesa este Gobierno. Sencillamente no vemos novedad en que el flujo migratorio ilegal continúe en aumento, tal como viene advirtiéndose desde hace más de una década, estimulado cada vez más por la pasividad, si no complacencia, de la Administración española. No vemos novedad en la permanente bolsa de ilegales, cíclicamente renovada, que son indolentemente abocados a la explotación laboral o a la delincuencia. No vemos novedad en la reiterada consigna de la bondad del fenómeno en un país que soporta un 10% de desempleados (extranjeros bastantes de ellos) y donde la presión de mano de obra abundante y barata se ha convertido en el principal elemento de contención de los salarios, como repetidamente reflejan todos los estudios sobre coyuntura económica. Lo único verdaderamente nuevo, y sólo hasta cierto punto, es la entusiasta coincidencia de esta izquierda de pacotilla con los intereses objetivos de las patronales de ciertos sectores productivos. Maravillas del nuevo orden mundial.
La llegada masiva de africanos a nuestras costas es muy llamativa, siniestramente espectacular podría decirse, y objeto preferente de cámaras de prensa y televisión. Su diferencia étnica, religiosa y cultural convierte a los recién arribados en el icono de un fenómeno social, pero conviene tener muy presente que sólo un diez por ciento de los extranjeros que se afincan ilegalmente entre nosotros ha desembarcado de una maltrecha barquichuela. Algunos, pocos, llegan en avión y la inmensa mayoría cruza nuestras fronteras – recordémoslo: viola nuestra soberanía nacional – sobre todo en autobús desde territorio francés. La propia Comisaría General de Extranjería y Documentación calcula en 60.000 la cifra de búlgaros y rumanos que han penetrado en España, desde enero hasta abril de 2006… ¡tan solo por uno de los pasos de la frontera en la provincia de Gerona! La comparación con la frontera canaria resulta escalofriante pues si aquella es mostrada por los medios de comunicación como un coladero sin freno ni límite, los mismos medios silencian cuidadosamente que, cada quince días, cruzan 7.000 ilegales el paso de La Junquera: la misma cantidad de africanos que llega a Canarias cada cuatro meses. Si ésta es la realidad cotidiana en uno solo de los pasos fronterizos podemos fácilmente realizar la extrapolación a los cientos de kilómetros de frontera hispanofrancesa para comprender que ya no estamos hablando de una invasión silenciosa, sino de un proceso implacable de sustitución de población.
Los españoles, tal vez lentamente, están empezando a llegar a esta misma conclusión. Según el sondeo publicado el pasado mes de mayo por el diario “El Mundo”, elaborado por la prestigiosa empresa demoscópica Sigma Dos, el 69’1% de los españoles considera ya excesivo el número de extranjeros que acogemos y el 83% apoya el establecimiento de una política de cupos de inmigrantes, en función de las demandas de empleo. Sin duda es puramente lógica una necesaria correlación entre puestos de trabajo disponibles e inmigrantes asentados, pero no es suficiente. Ha de complementarse con la aplicación del principio de preferencia nacional, mediante el que se garantice una apacible convivencia e integración en el seno de la sociedad. Resulta cada día más urgente una estricta selección del flujo migratorio y una discriminación positiva a favor de las poblaciones que, por afinidad cultural y lingüística y por coincidencia religiosa, no pongan en riesgo la homogeneidad social y la identidad nacional. En otras palabras: la generosidad con los recién llegados no puede practicarse atentando contra el bien común de nacionales en trance de alienación y de extranjeros directamente recluidos en la marginalidad del ghetto. Por desgracia, es esta última práctica la norma invariable de conservadores y socialistas desde 1995; júzguese simplemente que más del 80% de los delitos sea perpetrado por extranjeros y que en las cárceles españolas la población extranjera llega hasta el 30 % del total, tres veces más que su ritmo de crecimiento fuera de las prisiones. He ahí la constatación irrefutable del exceso de población inmigrante, de la forzada delincuencia a la que es conducida por la laxitud gubernamental y del penoso fruto que produce la ausencia de selección previa.
Seamos consecuentes y añadamos que nada de lo anterior será provechoso si antes, de una vez y para siempre, no se abandona la debilidad institucional que evita materializar la expulsión fulminante de todo aquel que irrumpa en nuestro hogar sin haber sido previamente invitado y, también, de quienes con su conducta violenta y antisocial acrediten fehacientemente que no son dignos de permanecer entre nuestro pueblo.
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Javi -