Francisco TORRES
Problemas estructurales, propaganda, manipulación y carencias de la política económica española.
Incremento de precios, inflación, caída del poder adquisitivo de los españoles, endeudamiento de las familias, salarios bajos, problemas de productividad, huída de las inversiones, emigración, consumo, desequilibrio entre exportaciones e importaciones son elementos que están presentes en el panorama político español. El tema económico se encuentra ausente de un debate político excesivamente centrado en problemas, en muchos casos, artificialmente creados por la propia clase política. Los españoles, que perciben las consecuencias de la falta de una política económica que haga frente a los problemas estructurales de nuestra economía, sienten, a pesar de la fiebre consumista, la incertidumbre del futuro.
La larga etapa de crecimiento de la economía española, que se prolonga por encima del retraimiento del crecimiento en los países más ricos de la zona euro, está sirviendo para dejar en sombras una serie de problemas, de carácter más estructural que coyuntural, sobre los que parece que no se desea intervenir.
El crecimiento económico y el crecimiento del empleo, utilizados demagógicamente, están ocultando otras realidades que perciben de forma, cada vez más alarmante, los españoles de a pie. Una percepción que, sin embargo, no trasciende a un debate político centrado en otros temas: responsabilidades del 11-M, reformas autonómicas, política sobre terrorismo, uniones homosexuales… Así, por ejemplo, a duras penas apareció la cuestión socioeconómica en el último debate sobre el Estado de la nación, no siendo un tema trascendente para el presidente del primer partido de la oposición.
Desde hace unos años, especialmente desde la adopción del euro, los españoles tienen la percepción de que, tras la primera subida resultante del denominado “efecto redondeo” que el gobierno ni supo, ni pudo, ni quiso contrarrestar, vivimos en un incremente constante de los precios. Los españoles han visto cómo los precios se han equiparado o aproximado a los de muchas de las principales ciudades europeas sin que los salarios y los servicios hayan crecido en igual proporción.
Los datos son, a este respecto, tan clarificadores como contundentes. El incremento de los precios en España ha sido constante desde 1998. Hasta el 2006 ese crecimiento ha superado en un 9.6% el de la media de la zona euro. Ciertamente este incremento no ha desacelerado de forma trascendente el crecimiento económico porque, al mismo tiempo, se ha acelerado el consumo. Un consumo que, sin embargo, no es producto del aumento del poder adquisitivo, sino de la ampliación del empleo y la caída del ahorro. La realidad es que, desde 1997, el salario medio en España sólo ha crecido en un 0.4%. De hecho, según el Euroíndice laboral IESE-Adeco, el salario medio lleva descendiendo desde finales del 2004, lo que deja en entredicho gran parte de las afirmaciones del presidente del gobierno. En la actualidad, según datos del año 2005, el salario medio español sólo se sitúa por encima de Polonia y Portugal. Las diferencias sobre el salario bruto resultan abismales: en Inglaterra se sitúa en 3607 euros, en Alemania en 3061, en Francia en 2615, en Italia en 2331 y en España en 1992 euros. La realidad es que mientras los precios se aproximan en muchos productos, los salarios se alejan.
El mantenimiento de los niveles de consumo (incluyendo en el mismo la adquisición de la vivienda), pese a los bajos salarios, alentado por los bajos tipos de interés que se han mantenido varios años, ha tenido como consecuencia el crecimiento del endeudamiento de los hogares españoles y la incapacidad para el ahorro. Así, la tasa de ahorro cae sistemáticamente desde hace tiempo. Los préstamos hipotecarios, responsables de una parte trascendente del endeudamiento, crecen a un ritmo anual del 27%, pero el poder adquisitivo de los españoles no sigue un camino paralelo. Un ejemplo, según los informes de La Caixa, las rentas obtenidas por las familias han crecido en un 30% pero el metro cuadrado lo ha hecho en un 80%.
El esfuerzo familiar para la adquisición de una vivienda, si nos dejamos llevar por los datos más favorables o por los más críticos, la diferencia es pequeña, crece de forma constante, duplicándose en los últimos cinco años. Hoy, muchos españoles comienzan a ver cómo se aleja el sueño de una vivienda. Si volvemos a los datos facilitados por La Caixa resulta que, sobre un piso de cien metros cuadrados construidos, sólo el 50% de las familias podrían acceder a la vivienda con una financiación del 75%; lo que se reduciría a menos del 40% si se tiene que financiar el 100%. Frente a esta situación la única opción real, por la propia demagogia del gobierno y la ausencia de una política real de vivienda, es alargar las hipotecas, por encima incluso de la vida laboral, y buscar viviendas más reducidas que dificultan el desarrollo de la vida familiar.
El español medio que, desde hace menos de diez años, ha entrado en la espiral de consumo generada por los bajos tipos de interés y el crecimiento de la economía española, se encuentra ahora ante una situación preocupante: sin crecimiento salarial determinante y con una elevación de los tipos de interés que va a continuar. A ello se tiene que sumar una inflación descontrolada que revierte en su contra porque el gobierno ha decidido no adoptar medidas de contención más allá de las que imponga el Banco Central Europeo a través de la subida del precio del dinero. Excusa, pro otra parte, excelentemente manejada pro el gobierno para justificar su falta de respuestas.
La pregunta lógica, a tenor de lo expuesto, radicaría en la contradicción aparente entre el crecimiento económico y la situación de los salarios. La respuesta es bastante simple, en gran parte es debida a que el crecimiento del empleo se ha estado produciendo en sectores donde los salarios son moderados (la construcción) y porque, además, se sufren los efectos de las mucho más bajas remuneraciones de los inmigrantes (algo más de cuatro millones de personas). Esta situación, junto con las reformas, ha conducido a una caída de los costes laborales cifrada en un 1.92%, según los datos del 2005.
El gobierno esperaba que la moderación salarial y la reducción de costes sumadas al mantenimiento del consumo incrementaran la competitividad, intentando que así se corrigiera, sin más, el fuerte desequilibrio entre exportaciones e importaciones. La realidad es que los salarios bajos han acabado frenando las inversiones y la renovación en busca de la competitividad y que, al mismo tiempo, no se ha conseguido solventar el problema de la baja productividad del trabajador español. La productividad real descendió en el 2005 un 0.29%. Y no parece que las reformas laborales, o los plantes estatales o autonómicos, teniendo presente el problema de la presencia masiva de trabajadores inmigrantes -legales o irregulares-, vayan a conseguir mejorarla.
El gobierno tampoco ha propuesto ninguna medida para hacer frente a una inflación, superior al 4%, que atenaza tanto a los españoles como a las empresas. De hecho, la tensión inflacionista, los problemas de productividad y los procesos de deslocalización de las grandes multinacionales, están creando un panorama donde los problemas de viabilidad pueden conducir a posibles cierres como los que ya se anuncian.
Cierto es que los gobiernos han perdido, por la cesión de competencias al Banco Central Europeo, parte de su capacidad de respuesta ante el fenómeno inflacionista al no controlar el precio del dinero. Esto, sin embargo, sólo es un límite, no una barrera insalvable. Los gobiernos de la zona euro pueden hacer frente al problema inflacionista incrementando su recaudación o conteniendo el gasto público. El gobierno no se ha inclinado ni por lo uno ni por lo otro. Los anuncios de los Presupuestos venideros, los compromisos de gastos que conllevan las promesas del gobierno, indican que José Luis Rodríguez Zapatero no baraja la contención, que no va a recortar el gasto público de una Administración carísima. No se ha atrevido a aplicar, pese a que en esa línea iban sus propuestas, una reforma del IRPF que eleve el tipo sobre el ahorro y reduzca o elimine las deducciones y desgravaciones, aunque algo de eso se haya plasmado en la última reforma.
Todo lo apuntado, pese a su gravedad, pese a lo que puede significar para muchos españoles en un futuro inmediato, en un país donde se está produciendo una huída masiva de la inversión por la inestabilidad que ha generado y va a generar la reforma autonómica, ha desaparecido del debate político. Los españoles sólo perciben las consecuencias: incremento de precios; incapacidad para el ahorro; problemas económicos a final de mes; reducción de la calidad de vida por el aumento de la factura mensual de la deuda (fundamentalmente hipotecaria). El gobierno se escuda, amparado en su conglomerado mediático, en los precios del petróleo (que afectan a todas las economías) y en las decisiones del BCE, explotando a su favor, al mismo tiempo, los datos de crecimiento y de empleo para no entrar en el debate. La oposición, a la que parecen faltar propuestas alternativas, también parece pensar que el debate está en otros temas.
