LAS PALABRAS DE UN GENERAL

Adolfo MONCADA

 

Después de tanto escándalo, de tanto titular de prensa, de tanta declaración política, más o menos estridente, provocado, aparentemente, por las palabras del general José Mena Aguado la verdad anda muy lejana de lo difundido. El general José Mena, nombrado por el actual gobierno, no hizo otra cosa que ceñirse a recoger lo que dice el texto constitucional. Ni más ni menos. Esto le ha valido un arresto domiciliario y en los próximos días su destitución como Jefe de la Fuerza Terrestre.
 
Lo que dijo el general Mena es una mera obviedad. La Constitución en su artículo 8.1 encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa del ordenamiento constitucional. No pusieron estas palabras en la Carta Magna los militares, las pusieron los políticos, al igual que incluyeron el artículo 155. Sin embargo, cada vez que se mienta cualquiera de los dos se produce una tormenta entre la clase política.
 
Las palabras del general Mena, las terribles palabras del general Mena, las alarmantes palabras del general Mena fueron: “si los límites de la Constitución fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo”. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, eso es lo que dice la Constitución.
 
El general Mena también habló de los términos en que se ha planteado el Estatuto de Cataluña y de los problemas que, desde un punto de vista de políticas de personal, implicaría su aprobación. Pero el general Mena no ha aportado nada nuevo. El texto del Estatuto es anticonstitucional, lo es mucho más que el Plan Ibarreche, y, por lo tanto, sería muy difícil afirmar que es una declaración partidista lo que no es más que una constatación de la realidad.
 
El general Mena ha chocado con la falta de valor político, tanto del gobierno, como del Ministro de Defensa o del propio Partido Popular. Durante meses Bono se ha paseado por los cuartos de Banderas, por los acuartelamientos, por las misiones militares en el exterior repitiendo machaconamente, en términos mucho más absolutos que los del general Mena, lo de la “defensa de la unidad de España”, las críticas indirectas al Estatuto, la misión constitucional de los ejércitos, etc. Las palabras del general Mena lo que han hecho es dinamitar esa imagen del Ministro, porque con la decisión de arrestarle sus palabras se han convertido en mera retórica propagandística. Las palabras del general Mena también han sacado a la luz las contradicciones del Partido Popular, porque sólo ha reiterado lo que el discurso popular lleva meses repitiendo, que la Constitución no se puede sobrepasar y que no se puede debatir la ilegalidad; el problema es que ahora el Partido Popular negocia sobre la ilegalidad y ha comenzado, lentamente, a variar su discurso.
 
El gobierno, finalmente, ha visto en las palabras del general Mena una posibilidad de dar un impulso a la negociación con los nacionalistas. La artificial “alarma social” promovida de forma igualmente artificial es una cortina de humo perfecta para continuar manipulando a la sociedad, porque el hecho esencial es que el Estatuto de Cataluña es inconstitucional y por tanto ilegítimo e ilegal. Y de paso, el gobierno, ha querido sacar pecho diciendo: ¡Aquí el que manda soy yo!
 

Y todo, porque un general habló sin temer a la censura previa o, simplemente, porque no repitió las palabras preparadas en los gabinetes de la Moncloa.

PARADÓJICA OPINIÓN DE LOS ESPAÑOLES SOBRE LA INMIGRACIÓN

Jorge GARCÍA-CONTELL

 

   El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado los resultados de su sondeo mensual, denominado barómetro, el cual muestra que sigue creciendo la preocupación de los españoles por el incesante flujo migratorio que España recibe. Hasta tal punto es así, que ya figura como el segundo mayor problema de nuestra sociedad, sólo superado por el desempleo. En principio no deja de sorprender que el pueblo llano ose discrepar del discurso oficial unánime que predica la bondad, y hasta la necesidad, de que el tercer mundo se vacíe de población joven que es tanto como decir de fuerza productiva y posibilidades de desarrollo futuro.  Extraña que los españoles lleven su discrepancia hasta el punto de considerar el fenómeno de la inmigración masiva como un problema; un problema mayor que los que plantean el terrorismo, la vivienda, la situación económica, y la educación.

  

   En pleno apogeo de la multiculturalidad y del relativismo igualitario, chirría con estridencia que un 60% de españoles crea que entre nosotros viven demasiados extranjeros y que un 85% se oponga a aceptar más inmigrantes que no traigan entre su equipaje un previo contrato de trabajo. Los españoles, se diría, han constatado a lo largo de la década 1995 / 2005 que es absurdo acoger mano de obra que no responde a las necesidades del tejido económico español y más irracional todavía seguir recibiendo diariamente nuevos recién llegados cuando ya un tercio de los inmigrantes están desempleados, amén de 1.800.000 españoles en igual situación.

   Según los datos del CIS, la mayoría opina que antes de permitir la entrada en España de un extranjero se ha de atender a determinadas condiciones subjetivas, por ejemplo: la adecuación de su capacitación laboral a las necesidades nacionales, su nivel educativo, su dominio de la lengua española y su procedencia de un país cristiano, criterios todos ellos alejados del “buenismo” solidario que hoy triunfa en las instancias oficiales y en los libros de estilo de los medios de comunicación. En tales términos sería factible predicar de nuestros compatriotas que reprueban la verborrea multicultural, determinan que los hombres no somos exactamente iguales unos a otros y que la paz social y la armónica convivencia se ponen a prueba y en riesgo cuando una nación recibe en su seno un desproporcionado contingente de individuos ajenos a su órbita cultural y, en gran medida, procedentes de una civilización hostil con la que es inviable cualquier alianza.

   Comprobamos que un 47% afirma que la inmigración determina descensos salariales y un 68% considera que los españoles humildes resultan económicamente damnificados por el aluvión migratorio, a diferencia de los acomodados. Podríamos concluir a la vista de los datos del CIS que la opinión pública española ha comprendido finalmente la lógica de la economía liberal, fría cual hoja de cuchillo, en la que una sobreabundancia de trabajadores no cualificados deteriora necesariamente sus condiciones laborales, con independencia de su nacionalidad, y beneficia exclusivamente a las empresas que los contratan.

   Por último, dado que un 50% de los ciudadanos cree que deberían de ser expulsados del territorio nacional los extranjeros que cometiesen cualquier delito y hasta el 79% en caso de delitos graves, podríamos llegar a pensar que se nos ha hecho evidente, al fin, la necesaria ilación entre deficiente capacitación laboral, imposible asimilación cultural, marginalidad y delincuencia.

 

   Si nos detuviésemos en este punto los resultados del sondeo de opinión podrían interpretarse en clave contestataria y hasta subversiva pero, muy a nuestro pesar, las preguntas del CIS prosiguen y las respuestas de los españoles contradicen sus precedentes. Recordemos que un 68% piensa que la inmigración empobrece más a los españoles que ya son pobres, pero paradójicamente, en proporción muy similar del 65%, repite una de las consignas oficiales: “los inmigrantes ocupan puestos de trabajo para los que no hay mano de obra suficiente”. Si esta última fuese cierta no existiría competencia y en tal caso no se produciría el efecto indeseable de la previa aseveración; ambas pueden ser susceptibles de discusión, pero evidentemente no a un mismo tiempo. Y las incongruencias continúan: si un 60% de los españoles afirma que ya hay demasiados inmigrantes, un 73% defiende el derecho de los ya establecidos a traer sus familias. Aunque un 59% sostiene que a cualquier país conviene que las mismas costumbres y tradiciones sean compartidas homogéneamente por su población, un 72% afirma, con aparentes síntomas de esquizofrenia, que es bueno que los inmigrantes mantengan su lengua y sus costumbres.

   ¿Existe explicación razonable para estas reiteradas contradicciones? Aventuramos varias, todas ellas posibles y ninguna desechable a priori.

 

1.      Los españoles formamos una nación de enajenados, sin criterios formados y ajenos a las reglas esenciales del pensamiento lógico occidental. Abona esta tesis una de las contestaciones ofrecidas a preguntas del CIS sobre otras materias: un 80% se declara creyente católico, pero un 50% jamás participa en el culto de la religión que afirma profesar.

2.      El CIS ha seleccionado una extraña muestra para realizar sus entrevistas. Sólo un 19% de los encuestados responde afirmativamente cuando se les pregunta si viven en pareja, dato muy chocante cuando hay un 58% de casados frente a un 42% de solteros, viudos, separados y divorciados.

3.      Una gran parte del pueblo español en la actualidad se debate entre la sinceridad espontánea y la forzada corrección política cuando se trata de opinar acerca de materias espinosas, como la inmigración. Combínese esta posibilidad con un dato objetivo de la propia encuesta: mientras que un 40% sitúa la inmigración entre los tres principales problemas que España sufre, sólo un 13% la identifica como problema propio, personal y subjetivo. Anotamos al margen que, de ser correcta esta tercera interpretación, forzosamente admitiremos que los españoles somos más altruistas y solidarios con los extranjeros que con nuestros propios compatriotas.

 

   Quienes estamos convencidos de asistir en España a una trágica sucesión de errores en materias muy diversas, la inmigración entre ellas, tememos que en sucesivas ediciones del barómetro del CIS se incremente el porcentaje de aquellos que se sienten perjudicados por el fenómeno. Y, posiblemente, arreciará entonces el discurso mediático que la globalización dicta: “crece la xenofobia”, nos dirán. Malo sería que los que siempre nos han mentido permanecieran mañana contumaces en el embuste. Pero mucho peor sería que estallara entre nosotros una rebelión norteafricana y en las calles de España ardieran por doquier las hogueras de la falsa integración. Algo entienden los franceses sobre esta materia.

UN POZO DE IMPUNIDAD

José Luis REQUERO (*)

 

   Pregunta A. M. (28 años, Bilbao): «¿Cuánto dinero cuesta un aborto? ¿Hasta qué mes del embarazo puede practicarse? ¿De qué modo se hace? ». Y Vampirella informa de los casos en los que es lícito. Al referirse al grave riesgo físico o psíquico para la madre, añade: «Como no es fácil demostrar si se sufre o no un riesgo psíquico, cualquier mujer puede referirse al tercer caso y abortar».Y sigue ilustrando sobre lo fácil que es abortar acudiendo al fármaco RU-486. Saco esas líneas del Consultorio -sección «Sexo»- del suplemento juvenil EP3 (El País, 14 de octubre de 2005).

 

   The Sunday Telegraph hablaba el pasado 11 de septiembre de las facilidades económicas que dan las clínicas abortistas británicas para abortar en España; citaba el centro Mediterrània Mèdica, de Valencia. Al parecer, el grave riesgo psíquico para la madre ha hecho de la ley española una bicoca para que las inglesas se zafen de los límites de su ley nacional. Ponía en boca del doctor Leonardo Llorente que jamás rechazaría a una embarazada inglesa de seis meses -límite de la ley inglesa para abortar- pues «probablemente todas las mujeres que esperan abortar en ese periodo estarán psicológicamente alteradas». Este doctor es claro: «Siempre puede probarse que las pacientes en ese momento tenían serios problemas mentales, aunque después sean completamente normales» y, preguntado si eso significa que puede abortarse en cualquier situación, el doctor dicta su cautelosa sentencia: «Definitely» (seguramente).

 

   Definitely que en España hay aborto libre e impune, pero no gratuito porque para eso es negocio. Si no, carece de explicación este turismo abortivo desde la antaño meca del aborto. Gracias a esa impunidad desde que se introdujo el aborto en 1985 hasta 2003 (año de las últimas estadísticas del INE), se han practicado unos 850.000 abortos; según el Instituto de Política Familiar, en 2004 han sido 84.000, lo que haría un total acumulado de 934.000.Estos últimos no son datos oficiales, pero no van descaminados.La tendencia creciente -que es cierta y objetiva- hace prever que en 2006 superaremos el millón. El número crece cada año, como las facilidades. Lo que dicen Vampirella y el doctor Llorente lo corroboran instancias en principio más respetables, si es que lo es quien da facilidades. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid expenda gratuitamente píldoras abortivas o que el Colegio de Médicos de Barcelona abogue por que las menores aborten sin el consentimiento de los padres evidencia la trivialización de la vida: como diría Vampirella o cualquier otro doctor abortista, gestar un ser humano es una resaca superable.

   Ignoro qué preocupa en este momento al fiscal general del Estado. Definitely algún grave asunto. Y el que comento, ¿lo es? ¿Habrá leído a Vampirella o The Sunday Telegraph? Temo que no. Sí que leería que hace un año el Gobierno renunciaba al aborto libre dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Según El País (11 de agosto de 2004) es innecesario porque «al fin y al cabo la norma actual permite abortar sin apenas cortapisas». Vivimos un holocausto creciente e impune que ha costado ya 934.000 vidas.Cuando esto ocurre, el Estado de Derecho pierde su lógica y las paradojas saltan. ¿Qué sentido tiene que el Tribunal Constitucional diga que nuestros tribunales pueden perseguir hasta los confines del Universo cualquier delito contra la Humanidad si aquí no se investiga si las clínicas abortistas respetan el Código Penal? Se persigue la violencia doméstica pero se tolera la que, silentemente, ocurre en el seno materno. ¿Y no son manifestaciones de un mismo desprecio de la vida?. Y si esta impunidad ocurre con lo más, ¿quién garantiza que no ocurra con lo menos? Por ejemplo, que los restos de los abortos se empleen para fines cosméticos, con lo cual el negocio se duplica. Repito: estamos hablando de 934.000 seres humanos eliminados, sin contar las no mensurables víctimas de la píldora del día después o de la fecundación in vitro.

 

   ¿Esto tiene marcha atrás? Sí, aunque los partidarios del matrimonio homosexual se chuleen diciendo que no se derogará como no se derogó la ley del aborto. Cuando la izquierda reina sus reformas son irreversibles y a la derecha le corresponde gestionar esa sociedad que, inconmoviblemente, le va dejando la izquierda.La misión de la derecha parece limitarse a poner al día los datos macroeconómicos, es decir, a llenar la despensa. Hecho esto, la izquierda volverá para seguir construyendo su modelo de sociedad.

   He hablado de vuelta atrás, pero no se trata simplemente de derogar la ley del aborto. Esto sería hasta fácil, pero no arregla el problema. Que se hayan eliminado a 934.000 no nacidos, no pase nada, vaya en aumento, Vampirella, The Sunday Telegraph o las evidencias de El País nos digan públicamente que se puede delinquir sin problema, que las Administraciones den facilidades y el Estado de Derecho consienta tal impunidad, todo eso evidencia que hay una sociedad enferma y desde el BOE no se expenden fórmulas magistrales.

   Hay que derogar la ley del aborto, cierto, porque las leyes educan o deseducan. Cuando algo se despenaliza, primero es lícito, de ahí pasa a ser derecho, luego prestación de la Seguridad Social y, si se contraría, violación de los derechos constitucionales; es más, no informar sobre la posibilidad de abortar se indemniza.Es pasmosa la tranquilidad con la que se ha instalado en la mente algo jurídicamente inexistente: el derecho al aborto. Abortar es delito, salvo en algunos supuestos en que el Estado no lo persigue. Pero ya se ha visto cómo una reforma del Código ha generado un derecho y un boyante negocio que cotiza en bolsa.

   La repenalización no basta y en época de «políticas activas» (inmigración, tercera edad, mujeres maltratadas, medio ambiente, población marginal, etcétera), habrá que diseñar otra más: la de respeto, defensa y promoción de la vida. Si en los colegios se imparte circulación vial o se simulan juicios, no está de más enseñar el respeto a la vida como un valor básico, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Si las administraciones crean narcosalas, se ocupan de la población desfavorecida, crean casas de acogida para maltratadas o a sin papeles, habrá que acoger a la mujer que se plantea abortar, habrá que acoger al concebido y no nacido para que nazca porque siempre es un bien en sí.Y si en torno a estas cuestiones se mueven decenas de ONG, habrá que apoyar a las que se ocupan de la mujer embarazada y del hijo en riesgo de ser eliminado. Acometiendo estos aspectos y otros más tendría sentido esa modificación penal; el holocausto es reversible, es cuestión de voluntad; es lo que se está implantando en Italia y quien lo promueve... ¡es la izquierda!

 

   Vivimos en una sociedad violenta, la violencia es única y la abortista es parte de un mismo fenómeno. Las víctimas siempre son los más débiles. Una parte de esa violencia recae sobre ancianos y menores, otra sobre mujeres y tiene variadas manifestaciones: está la de género, también la que la mercantiliza o cosifica (prostitución, pornografía) más la abortista: se elimina a un no nacido, pero el trauma psicológico es para la madre, y eso no hay quien se lo quite. Todo invita a que nos preguntemos si nuestra sociedad no tiene sus fundamentos minados; el clamor de 934.000 vidas -que superará el millón de muertes- nos interpela y nuestra responsabilidad es contestarle.

(*) José Luis Requero es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial.

DECLARACIÓN DE LIMA

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL PROVIDA.

Lima 10 - 13 de Noviembre de 2005

 

   Los representantes de organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de la vida y la dignidad humanas, provenientes de diferentes partes del mundo, reunidos en Lima del 10 al 13 de Noviembre del 2005, en el II Congreso Internacional Provida (CIP) y en el 1er Simposium Juvenil Internacional Provida, en continuidad con el 1er CIP, realizado en Madrid el año 2003, nos dirigimos a:

Todos los gobernantes, líderes políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, y medios masivos de comunicación, responsables de defender los derechos humanos,

CONVENCIDOS QUE:

 

   1.- El primer derecho humano es el derecho a la vida, sin ningún tipo de discriminación por sexo, edad, raza, credo, situación socio – económica, estado de salud o cualquier otra condición.

   2.- Por tanto, todo ser humano debe ser protegido y respetado, desde el momento de la concepción/fecundación, esto es el momento en que científicamente comienza la vida humana, que luego seguirá un proceso de desarrollo dentro y fuera del útero, tal como lo reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

   3.- Si el derecho a la vida es respetado, comienza a garantizarse el respeto de todos los demás derechos de carácter social, económico, político, etc.

   4.- Su primera responsabilidad como gobernantes y líderes, es defender incondicionalmente la vida de cada ser humano.

   5.- La familia basada en el matrimonio de varón y mujer, monogámico, indisoluble y abierto a la vida, es el espacio natural para que se genere y eduque todo ser humano.

 

A ELLOS LES EXIGIMOS QUE SE OBLIGUEN A:

 

   1.- Respetar y hacer respetar toda vida humana, desde la concepción/fecundación, hasta su muerte natural. El ser humano debe ser tratado como persona, desde el instante inicial de su existencia.

   2.- Eliminar toda práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, mutilante, o que manipule la vida humana, cualesquiera sean los medios utilizados para ello.

   3.- Aprobar leyes que garanticen la estabilidad del vinculo matrimonial.

   4.- Respetar el derecho a la patria potestad, que por naturaleza corresponde a los padres; siendo siempre subsidiaria, la función del Estado en materia educativa.

   5.- Respetar el derecho fundamental a la objeción de conciencia, frente a leyes totalitarias o injustas.

   6.- Promover soluciones humanas y solidarias que siempre respeten y afirmen la vida, para las necesidades de mujeres y varones, tales como:

* Mortalidad materno perinatal: propiciar acceso y atención calificada del parto,

* Embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual: promover y financiar programas que fomenten la castidad antes del matrimonio, y la fidelidad dentro de él.

* Violencia doméstica: ejecutar programas para fortalecer la familia basada en el matrimonio, y la educación de la juventud en las virtudes.

* Pobreza estructural: no combatir a los pobres sino la miseria. Los actores económicos promoverán educación, pleno empleo, salario equitativo y vivienda digna para todos. El Estado creará un marco estable y justo, que lo haga posible.

* Sistema sanitario insuficiente: Asegurar la provisión necesaria de recursos humanos, de infraestructura e insumos, y garantizar hábitos saludables en toda la población. Las prioridades sanitarias deben ser atendidas con equidad. El embarazo no es una enfermedad; por lo tanto el control de la natalidad, nunca podrá ser una prioridad sanitaria.

* Pornografía: dictar y hacer cumplir la legislación y sanciones, que eliminen el crimen organizado de la pornografía. La libertad de expresión, no debe ser utilizada para permitir este flagelo.

 

NOSOTROS NOS COMPROMETEMOS A:

 

   1.- Vigilar de manera permanente, el grado de observancia del derecho a la vida y dignidad humanas. Denunciar públicamente a quienes violen este derecho fundamental.

   2.-Crear organismos nacionales e internacionales de monitoreo a: partidos y dirigentes políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios masivos de comunicación y sus financiadores, como paso previo para informar y documentar a la población, de modo que le permita iniciar las acciones judiciales, sociales o políticas pertinentes.

   3.- Promover y crear instituciones de bien público que prioricen, entre otras, las siguientes acciones:

 

* Presentación de proyectos normativos que promuevan la vida, la dignidad humana, el matrimonio y la familia.

* Difusión de métodos naturales sobre la fertilidad humana.

* Difusión de un enfoque adecuado de la sexualidad basada en una educación en virtudes y para el amor.

* Multiplicación centros de ayuda a la mujer.

* Creación de centros de orientación familiar.

* Tratamiento humanitario del síndrome post-aborto.

* Apoyo a las familias, para la atención prioritaria de la niñez en situación vulnerable.

* Desarrollo de alternativas humanas y dignas, de acompañamiento familiar a los ancianos, y cuidados paliativos para los enfermos terminales.

* Estudios interdisciplinarios que generen una bioética humanista.

* Capacitación dirigida a los padres, para la adquisición de hábitos saludables de higiene, alimentación, estimulación temprana y otras, durante el embarazo y la crianza de los hijos.

   En Lima, a los trece días del mes de Noviembre del año 2005

DOÑA LEONOR O EL PROBLEMA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Adolfo MONCADA 

 

   Señalemos como principio que todo nacimiento es una bendición. Señalemos también que, probablemente, a la inmensa mayoría de los españoles les importaba muy poco el sexo de la descendencia real. Indiquemos que los asesores de la Casa Real han sabido hurtar el debate político que el sexo del descendiente hubiera abierto en medio de la grave crisis política en la que vivimos, en la cual la posible reforma constitucional ocupa un lugar central. El anuncio hecho por los Príncipes de Asturias de que desconocían el sexo del bebé sirvió para que, en un porcentaje muy alto, se diera por supuesto que sería niño, restando valor a uno de los argumentos-pantalla que Rodríguez Zapatero puso en circulación para abrir la reforma constitucional: subsanar la discriminación por razón de sexo que existe en el texto en lo referente a la sucesión.

   Leonor de Borbón Ortiz, sin embargo, ha nacido en un momento crítico, cuando se ha abierto una pendiente, a través de las reformas estatutarias, especialmente con el debate sobre el Nuevo Estatuto de Cataluña (en realidad una Constitución encubierta), que abre las espitas que pueden acabar anegando el sistema constitucional vigente. El nacimiento de Leonor de Borbón Ortiz vuelve a llevar a primer plano político el argumento-pantalla que pude abrir la reforma constitucional. Una vez iniciada esa reforma, por un punto un tanto secundario y anecdótico, ya que el plazo para que esa niña pudiera llegar a reinar sumaría varias décadas, nadie sabe hasta dónde podría llegar. Una reforma que, probablemente, destruiría el sistema constitucional en su punto más endeble: la integridad de España.

   Los comentarios, a veces insensatos a veces frívolos, a pie de cuna, están llevando a la opinión pública un debate que parecía descartado en la confianza de que el primer bebé iba a ser niño. Unos, aprovechan para pedir la inmediata reforma, un cambio que en el calendario tendría como fecha el final de la actual legislatura; otros, conscientes del problema político que podría engendrar, piden calma. Presurosos, los amantes de la reforma por el hecho de la discriminación en razón de sexo, han procedido a plantear que no se puede retrasar el cambio, porque la Princesa de Asturias podría quedar nuevamente embarazada y tener un niño que, con la legislación vigente, sería titular de los derechos sucesorios.

   Conviene no ceder a la tentación populista; que ni el gobierno ni la oposición utilicen la cuestión para sus propios fines: unos para cumplir una promesa electoral y abrir la reforma constitucional; otros para mostrarse acordes a los tiempos cubriéndose con un barniz pseudoprogresista. La Constitución de 1978, que puede servir para lo uno y lo contrario, contiene una fórmula transitoria que bien podría postergar la necesidad de la inminente reforma constitucional por esta cuestión, destruyendo, al mismo tiempo, el argumento-pantalla socialista. El articulado permite que, mediante una simple declaración del parlamento, como expresión de la soberanía, se confirmen los derechos sucesorios de Leonor hasta una futura reforma. Así de simple, así de sencillo.

   Leonor de Borbón, si la monarquía continúa en España, será reina. Alguien podría pensar que el nombre carece de significado y que ha sido escogido según los gustos de los padres. Cabe decir que en esta cuestión también cuenta el peso y el significado de la historia. Los Príncipes de Asturias no han escogido un nombre ecléctico, han escogido un nombre clave en la historia de la Monarquía: Leonor fue la madre de Enrique II de Trastámara, quien asentó una nueva dinastía que tuvo como norte político la unificación de los reinos peninsulares para solventar la suicida disgregación; los Trastámara fueron elementos de convergencia frente a las fuerzas divergentes de la historia española. Leonor es el punto dinástico que conducirá a Austrias y Borbones al trono de España. Desconocer estos antecedentes es renunciar a entender la visión de España del futuro rey.

QUIENES DE VERDAD MANDAN SON AQUELLOS QUE NUNCA ELEGIMOS

Alberto BUELA

 

   Si un mérito político tiene Condorcet (1745-1794) al confluir en él el pensamiento de la Ilustración francesa —D’Alambert, Voltaire, Diderot— con la ideología racionalista de Rousseau, es su definición de hombre como homo suffragans. Definir al hombre como "aquel que vota" es mutilar los aspectos sustantivos de su naturaleza e historia para limitarlo a la ecuación liberal "un hombre, un voto". Nadie discute hoy que un hombre es más que un voto o que un voto no agota la naturaleza del hombre. Y que es un error gravísimo definir al hombre como "el que sufraga". Muchos han sido los filósofos que han criticado esta postura, y de entre ellos nosotros elegimos a Guiseppe Rensi, el irregular, por su brevedad, concisión y contundencia. "Si no hay unanimidad en la votación se convierte en ley aquello que la minoría no quería, tal ley al no ser aceptada racionalmente por la minoría se impone como fuerza ciega. No hay ninguna diferencia cualitativa entre tal ley y la impuesta por un tirano... entonces Rousseau dice que el consentimiento de aquellos que no la votaron se da por el hecho de que continúen viviendo en el país: Habitar el territorio quiere decir someterse a su soberanía. El ciudadano que no se expatria se entiende que adhiere a la ley" (1). Todo el racionalismo político de la Ilustración termina en el hecho brutal de la fuerza ciega: Si no te gusta, te vas. Se termina de instalar el "totalitarismo democrático".

   Denunciar este sutil totalitarismo tiene hoy, por supuesto, otras variantes más sutiles y diplomáticas como, en primer lugar la inversión de la prueba: aquel que se anima a denunciar la democracia procedimental como totalitaria, es un totalitario, viene luego una seguidilla de medidas: el exilio interior, la condena del silencio de los mass media, el desprestigio por la infamia, el no acceso a las cátedras y publicaciones, en definitiva, la falta de reconocimiento. ¡No existís! diría un adolescente hoy. Este totalitarismo democrático tiene sus propios y selectos ejecutores: en primer lugar las oligarquías partidarias donde los nombres se repiten y se intercambian por años en todos los cargos del escalafón del Estado. Ora senador, ora diputado, ministro, embajador, gobernador, presidente, juez, interventor. Son los hombres confiables, predecibles, obedientes a, por decirlo de alguna manera, los poderes indirectos.

   En segundo lugar tenemos los lobbies, que mediante el totalitarismo democrático, buscan por todos los medios eliminar la idea de soberanía nacional. En los pocos casos históricos en que han funcionado Estados soberanos, el totalitarismo democrático pierde terreno. No tiene capacidad de gestión, no incide en las decisiones últimas e importantes. Los lobbies, estos grupos cerrados de presión que se crean en defensa de los intereses específicos de sus miembros en detrimento del bien común general, se multiplican y son eficaces cuando se ha disuelto la idea de soberanía nacional. Así la administración de los Estados no tiene objeto de preferencia y es fácil presa de las presiones lobbísticas. Los gobiernos son gobiernos de lobbies y los parlamentos sólo tienen por tarea convalidar los paquetes de medidas propuestos por estos poderes indirectos.

   En estos días tenemos un ejemplo mundial de cómo funciona este sistema de embaucar a los pueblos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, principal impulsor de la terrible y devastadora guerra contra Iraq, se opone al presidente Bush en nombre de la libertad, porque este tiene planes de prohibir el matrimonio de homosexuales. Dick Cheney es un caso emblemático. Está denunciado como lobbista petrolero y por eso instigador de la guerra contra Iraq para apoderarse de los pozos petroleros. Y ahora actúa como lobbista de los poderosos grupos gays de los Estados Unidos a favor del matrimonio homosexual y la sexualidad polimorfa. ¿Y la defensa del bien común general motivo y causa de su elección por parte del pueblo norteamericano, para cuando la deja? Otro caso. Se queja hoy la decana revista política francesa Lectures Françaises, n. 568, p. 29, diciendo: "¿Quién sostiene a Nicolas Sarkozy? (Primer ministro de Francia y candidato a la presidencia). No es difícil comprenderlo: Cuando viajó a Estados Unidos en el mes de abril por 24hs. Sarkozy buscó los medios para presidir un desayuno organizado por The American Jewish Commitee, uno de los principales grupos de presión (lobbies), de los Estados Unidos. ¿Es necesario para hacerse elegir presidente de Francia ir a buscar un mandato de una minoría (los judíos son el 2% de la población americana) que viven a 6.000 km. de nosotros? El asunto es grave y más aún si nadie da razón de la enormidad de tal comportamiento." Tomamos dos ejemplos al voleo y que nos llegaron entre las noticias del día, sobre dos de los países más poderosos de la tierra Francia y Estados Unidos. Dicho sea de paso, ellos también comparten el honor de haber sido los dos países occidentales que más tiempo han mantenido en vigencia la institución de la esclavitud y los primeros en proclamar la democracia liberal. Es decir, si las democracias más antiguas y sólidas del mundo son penetradas e instrumentadas por los poderes indirectos casi en forma descarada, ¿qué podemos esperar nosotros de las democracias periféricas y absolutamente formales? Democracias sin tradición ni convicciones. Simulacros democráticos para justificar moralmente la expoliación de nuestros pueblos.

   Ante esta tristísima realidad sólo podemos constatar aquello que afirmamos al comienzo: Quienes de verdad mandan son aquellos que nunca elegimos. De lo que se deduce que nuestros representantes no sólo no nos representan sino que además nos representan mal, porque convalidan con sus decisiones, las de otros que, además, nos son perjudiciales. El desguace de los activos fijos del Estado Nacional (argentino) realizado por el gobierno de Menem (1989-1999) a través del siniestro mecanismo de las privatizaciones de las empresas públicas (petróleo, gas, agua, energía, teléfonos, espacio aéreo, etc.) es el ejemplo más claro y más directo que tenemos, para poder sostener la tesis que: Quienes de verdad mandan son aquellos que nunca elegimos. Y esto se da tanto en los espacios nacionales como en el orden mundial.

 

Notas

 

 (1) Rensi, Giuseppe: "Filosofía de la autoridad", Bs.As., Doucalion, 1957, pp. 20 y 20. Filósofo italiano nacido en Verona (1871-1941) y refugiado en Suiza entre 1898 y 1908. Estuvo separado del fascismo triunfante, crítico terrible del racionalismo y del idealismo, distante de Croce y Gentile, los dos filósofos italianos más importantes de su tiempo, marginado del neopositivismo y del marxismo, sistemas generosos en promesas y salvación, se refugió en un escepticismo crítico a todo el sistema de valores de su tiempo. Fue conocido bajo el nombre de el irregular, por su concepción sobre la misión del filósofo: colui che rivolta il pensiero come un guanto. Puede decirse que el núcleo de su pensamiento invierte la fórmula hegeliana "todo lo real es racional y todo lo racional es real" por aquella otra: "lo real es irracional y lo racional es la irrealidad". Sus obras más conocidas son Los antiguos regímenes y la democracia directa (1902), Estudios y notas sobre historia, literatura, economía y política (1903),La antinomia del espíritu(1910), Lineamientos de filosofía escéptica (1919-21), Filosofía del absurdo (1924-37). En castellano se publicó en 1957 en Buenos Aires por la editorial Deucalion y distribuido por la librería Hachette su libro Filosofía de la autoridad con la traducción de Carlos Vallejo.