DOÑA LEONOR O EL PROBLEMA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Adolfo MONCADA
Señalemos como principio que todo nacimiento es una bendición. Señalemos también que, probablemente, a la inmensa mayoría de los españoles les importaba muy poco el sexo de la descendencia real. Indiquemos que los asesores de la Casa Real han sabido hurtar el debate político que el sexo del descendiente hubiera abierto en medio de la grave crisis política en la que vivimos, en la cual la posible reforma constitucional ocupa un lugar central. El anuncio hecho por los Príncipes de Asturias de que desconocían el sexo del bebé sirvió para que, en un porcentaje muy alto, se diera por supuesto que sería niño, restando valor a uno de los argumentos-pantalla que Rodríguez Zapatero puso en circulación para abrir la reforma constitucional: subsanar la discriminación por razón de sexo que existe en el texto en lo referente a la sucesión.
Leonor de Borbón Ortiz, sin embargo, ha nacido en un momento crítico, cuando se ha abierto una pendiente, a través de las reformas estatutarias, especialmente con el debate sobre el Nuevo Estatuto de Cataluña (en realidad una Constitución encubierta), que abre las espitas que pueden acabar anegando el sistema constitucional vigente. El nacimiento de Leonor de Borbón Ortiz vuelve a llevar a primer plano político el argumento-pantalla que pude abrir la reforma constitucional. Una vez iniciada esa reforma, por un punto un tanto secundario y anecdótico, ya que el plazo para que esa niña pudiera llegar a reinar sumaría varias décadas, nadie sabe hasta dónde podría llegar. Una reforma que, probablemente, destruiría el sistema constitucional en su punto más endeble: la integridad de España.
Los comentarios, a veces insensatos a veces frívolos, a pie de cuna, están llevando a la opinión pública un debate que parecía descartado en la confianza de que el primer bebé iba a ser niño. Unos, aprovechan para pedir la inmediata reforma, un cambio que en el calendario tendría como fecha el final de la actual legislatura; otros, conscientes del problema político que podría engendrar, piden calma. Presurosos, los amantes de la reforma por el hecho de la discriminación en razón de sexo, han procedido a plantear que no se puede retrasar el cambio, porque la Princesa de Asturias podría quedar nuevamente embarazada y tener un niño que, con la legislación vigente, sería titular de los derechos sucesorios.
Conviene no ceder a la tentación populista; que ni el gobierno ni la oposición utilicen la cuestión para sus propios fines: unos para cumplir una promesa electoral y abrir la reforma constitucional; otros para mostrarse acordes a los tiempos cubriéndose con un barniz pseudoprogresista. La Constitución de 1978, que puede servir para lo uno y lo contrario, contiene una fórmula transitoria que bien podría postergar la necesidad de la inminente reforma constitucional por esta cuestión, destruyendo, al mismo tiempo, el argumento-pantalla socialista. El articulado permite que, mediante una simple declaración del parlamento, como expresión de la soberanía, se confirmen los derechos sucesorios de Leonor hasta una futura reforma. Así de simple, así de sencillo.
Leonor de Borbón, si la monarquía continúa en España, será reina. Alguien podría pensar que el nombre carece de significado y que ha sido escogido según los gustos de los padres. Cabe decir que en esta cuestión también cuenta el peso y el significado de la historia. Los Príncipes de Asturias no han escogido un nombre ecléctico, han escogido un nombre clave en la historia de la Monarquía: Leonor fue la madre de Enrique II de Trastámara, quien asentó una nueva dinastía que tuvo como norte político la unificación de los reinos peninsulares para solventar la suicida disgregación; los Trastámara fueron elementos de convergencia frente a las fuerzas divergentes de la historia española. Leonor es el punto dinástico que conducirá a Austrias y Borbones al trono de España. Desconocer estos antecedentes es renunciar a entender la visión de España del futuro rey.
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Mª Carmen -