UNA RESPUESTA SERENA A LOS DETRACTORES DEL “INFORME SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA”.

Gema y Rubén SÁNCHEZ MEDERO

 

"Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad". Proverbio árabe.

 

   Desde el primer momento en el que, tanto el Prof. Verstrynge como a nosotros, se nos pasó por la cabeza escribir un artículo sobre la inmigración, y que posteriormente recibiría el nombre, bajo bautismo apócrifo, de "El llamado Informe Verstrynge sobre Inmigración", éramos conscientes del peligroso terreno, abonado por la demagogia y la progresia de pose, que pisábamos. Cualquier cuestión relativa a la inmigración, aún que sea tratada con el mayor de los cuidados, levanta ciertos recelos. La manera de acometer su análisis se vincula, casi de manera inevitable, y siempre que no se trate de hablar con beneplácito de este fenómeno, con posiciones racistas o xenófobas. Nada más lejos de nuestra realidad la de hacer el juego a determinados partidos o intereses. Pero vincular cualquier crítica al actual modelo de inmigración, si es que se está desarrollando un modelo como tal, con las posiciones defendidas por la extrema derecha, resulta pueril, maniqueo y terriblemente decepcionante desde el punto de vista del espíritu crítico del que la izquierda presume y del que adolece en esta cuestión.

   Hemos decidido con el objeto de enriquecer en lo posible el debate suscitado, proceder a la contestación de los artículos que el "El Viejo Topo" ha publicado en relación con el "Informe" y, al mismo tiempo, abrir nuevas líneas de investigación y debate, publicar una segunda parte, o apéndice del mismo. Agruparemos, en éste artículo, los principales argumentos que barajamos en lo que consideramos bloques temáticos que, creemos, responden a lo expuesto por los detractores del "Informe" y a la necesidad del avance que se propone. No sin antes realizar una serie de apreciaciones concernientes al espíritu contenido de algunas de las críticas publicadas en EVT.

   Buena parte de los argumentos que intenta rebatir Stobart se sostienen en una inapelable verdad, en la enorme tragedia humana que asola una de las principales vías de entrada de inmigrantes a España. No es el único que recurre a esta argumentación a la hora de sustentar sus posiciones, pues Cañadell recurre a una casi dramática vinculación entre nuestros argumentos y un "machacar África" (EVT nº 233), por ejemplo. Tanto en un caso como en otro, y lejos de querer evitar una polémica por guardar las apariencias, la asepsia sentimental con la que se ha procedido en nuestro trabajo, en el tratamiento de los datos, no responde a un intento de pasar por alto esta realidad, sino a no cometer la imprudencia de alterar de manera demagógica el análisis de un fenómeno complejo. Estamos seguros de que tanto Stobart como Cañadell, cuando les duele la cabeza, toman una aspirina, aliviando su dolor y no demasiado su bolsillo, pues cuesta poco más de tres euros de euros la caja. No plantearán reparo ninguno a las políticas de explotación que siguen muchas industrias farmacéuticas en África, continente que se emplea como tradicional banco de pruebas. Y estamos convencidos de que tampoco lo harán al marcar el número sus familiares o amigos en su teléfono móvil fabricado en una China sin ningún tipo de respeto a los Derechos Sociales o Laborales de los trabajadores. Efectivamente, "detrás de cada estadística hay una tragedia personal y familiar que rara vez se cuenta en los medios" (Stobart EVT nº 241). Del mismo modo, y siguiendo esta línea demagógica en extremo, y ya que de números se trata, detrás de cada bajo precio de un producto fabricado en un país del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, también hay una enorme tragedia de explotación en la que rara vez reparamos.

 

   En un segundo orden, en estas cuestiones previas que deben ser aclaradas, o al menos tenidas en cuenta, algunos de los autores que rebaten el "Informe", lo hacen debido a la falta de confianza que tiene en las cifras que se ofrecen. Puede resultar pretencioso cuestionar los datos ofrecidos por los organismos oficiales, pero resulta especialmente grave despreciar, como hace Stobart, al igual que Torres López y Gálvez Muñoz, la independencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), acusándolo de trabajar con un sesgo ideológico. En nuestro caso, continuaremos sin dudar del buen hacer y rigor científico del organismo público y autónomo dirigido por Fernando Vallespín. Del mismo modo que no pondremos en cuestión los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o el Observatorio de la Inmigración de la Comunidad de Madrid.

 

Estados Unidos como el falso paradigma de la inmigración actual.

 

   Habitualmente se recurre a los Estados Unidos, y en las réplicas al "Informe" no podían faltar referencias a este país, como uno de los paradigmas (positivo) de la inmigración. Sin bien es cierto, y creemos que esto es indiscutible, Estados Unidos ha crecido gracias a este fenómeno desde los primeros compases de su independencia de la metrópoli. Pero también lo es que el desarrollo del fenómeno en este país no guarda relación con los movimientos migratorios que se están produciendo en la actualidad en Europa. A lo largo del siglo XIX y XX han recibido, según estimaciones, más de setenta millones de inmigrantes. Una cifra que podría parecer inasumible para cualquier Estado moderno, pero que debe matizarse con la realidad de un país que, tras su independencia, se encuentra en permanente construcción. No podemos pasar por alto que en el S. XIX, la mayoría de los Estados europeos se consideran acabados, al menos, en sus formas esenciales. Al contrario que Estados Unidos, que se encuentra en sus primeros pasos.

   Efectivamente, se trata de un país de inmigrantes, pero eso no quiere decir, al contrario de lo que presume el mito, que sea un país de puertas abiertas. A finales del S. XIX aparecen los primeros síntomas de rechazo a la inmigración, un rechazo protagonizado por la segunda o tercera generación de los "nuevos nativos". En 1882 se dicta la "Chinese exclusion act", un intento de limitar la inmigración china y asiática para preservar la identidad y cultura estadounidense, en otras palabras, la homogeneidad étnica (europea). Ya en el S. XX empiezan las limitaciones de mayor calado, en un primer momento continúan centrándose en los inmigrantes de origen asiático, con medidas como la "Asiatic barred zone" o la "The quota law" en 1921, con las que se imponen las primeras cuotas y con las que se tratan de beneficiar a determinados países o zonas emisoras, la inmigración europea, principalmente británica, para continuar con el intento de mantener la homogeneidad étnica. Medidas que se mantienen y acentúan con la instauración del sistema oficial de cuotas en 1952, la "Immigrant and nationality act", que se ha mantenido, con constantes reformas, hasta la actualidad.

   La importancia de estas medidas [principalmente las de los 50 y 60] radica en que ninguna presenta una restricción racial, pero sí de origen y, mucho más importante, se tiene un sistema de preferencia por formación y conocimientos. Se da prioridad y facilidades a todo aquel inmigrante que vaya a contribuir de una manera decidida con el desarrollo de los Estados Unidos, dando origen, en parte, a la famosa fuga de cerebros de terceros países. Sin bien es cierto, y no podemos pasarlo por alto, que pese a los esfuerzos restrictivos que han tomado los Estados Unidos, la inmigración ilegal ha proliferado, especialmente desde la década de 1970, en la que se acometieron medidas más restrictivas que no obtuvieron el éxito deseado por las autoridades.

 

Europa como receptora de inmigración en la segunda mitad del S. XX.

 

   En algunos países europeos la inmigración comenzó a ser importante, tras la II Guerra Mundial. Hasta entonces, el viejo continente había sido una zona emisora de emigrantes. El cambio se produce cuando países como Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda, etc., devastados por la contienda mundial y ante la pérdida de buena parte de su juventud en los campos de batalla, empezaron a buscar trabajadores en los países periféricos y en las antiguas colonias para poder acometer la reconstrucción y atender a las nuevas fases de desarrollo económico que se encontraban experimentando gracias al Plan Marshall. Por tanto, el origen de la emigración masiva de los países periféricos hacia los países industrializados tenía como fundamento el reclutamiento activo de mano de obra por parte de los empresarios, ayudados por los Estados, con el objetivo de crear puestos de trabajo específicos (1). Pero esta situación cambia con la crisis económica y el reequilibrio poblacional que experimentan estos países desde 1973. Es a partir de entonces, cuando la Europa Occidental cierra sus fronteras a la inmigración laboral con el argumento de que ya no se necesitan más inmigrantes. Política que se mantiene hasta hoy, aunque introduciéndose matices importantes.

Por ejemplo, en Alemania el acceso a los puestos de trabajo seguirán cerrados para los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea, y sólo a través de reglamentos especiales como son los acuerdos bilaterales para trabajos de temporada, podrán optar a un puesto de trabajo (2). Mejor parados quedan los trabajadores altamente cualificados y los autónomos, ya que según la legislación actual los primeros no tienen que abandonar el país trascurrido los cinco años y los segundos recibirán un permiso de trabajo si invierten un millón de euros y crean 10 puestos de trabajo. En Francia, el proyecto de ley de "control de la inmigración" impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar y permite el polémico uso de test genético para probar la filiación materna. En Bélgica, la policía ha reintroducido los controles sistemáticos en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una amplia operación de regularización de los cerca de 70.000 extranjeros que residen sin papeles. Y el Reino Unido ante la demanda de los servicios sociales de los emigrantes, ha creado un fondo para los inmigrantes contribuyan en los gastos del Estado. De esta forma, los que aspiren a ser ciudadanos británicos estarán a prueba durante todo un año para demostrar que hablan inglés, que pagan los impuestos y que cumplen con la ley. Pero también se pedirá que contribuyan para ayudar a las comunidades a enfrentarse a la creciente inmigración, y aquellos que supongan una carga mayor para los servicios públicos pagarán más que el resto. Por tanto, el mito de la inmigración en Europa también ha desaparecido.

 

Madrid-Cataluña vs España, la parte y el todo.

 

   Otra cuestión, no menor, es el pretendido maquillaje que los diversos críticos pretenden realizar de un fenómeno como la inmigración, tratando de diluirla en cifras nacionales frente a cifras autonómicas o provinciales que nosotros aportamos. El "Informe", como saben, encontraba su base en la Comunidad de Madrid, y no lo hacía únicamente por ser el ámbito geográfico de sus autores. En esta Comunidad se encuentra el segundo mayor volumen de inmigración registrado en España, sólo superado por Cataluña. Parece evidente que si se desea analizar los efectos de la inmigración, se recurra a un estudio de aquellas zonas en las que el fenómeno se ha desarrollado con una mayor intensidad, con el objeto de completar un análisis con la mayor complejidad posible. Respecto a esta cuestión, tendremos que recordar que tras "el salto" poblacional que se produce entre 1996 y 2007, y que el INE cifra en el paso del 1’38% de inmigrantes en el año 1996 frente al 9% del total que suponen en 2007, más de 4.000.000 de personas, y éstas no se distribuyen de igual manera en la geografía española. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, cifra la proporción de población extranjera en Cataluña en un 22%, y en Madrid en un 20% (3). Por lo tanto, si queremos observar cómo incide la inmigración tendremos que detenernos a estudiar el fenómeno en Cataluña o Madrid, donde el porcentaje de población inmigrante es más del doble que la media nacional.

 

Cifras.

 

   Stobart considera que "no están entrando tantos inmigrantes en el país" (EVT nº 241). Una apreciación que dependerá, en gran medida, de su sentido de las cantidades. Puede que lo que para él no sea mucho para otros sí lo sea. En nuestra opinión sí lo ha sido, tal y como demuestran los datos del INE. Según este organismo (4), en el año 2001 la cifra de inmigrantes era de 1.370.657 (3’33% del total) y en 2007 era de 4.482.568 (9’93%), lo que supone un incremento del 202%. Si el crecimiento de un 202% no supone un alto crecimiento, es que no hicimos correctamente los ejercicios de cerca-lejos, mucho-poco de Barrio Sésamo.

   A estos datos, y en relación con el tratamiento alarmista que se suele dar a la entrada de cayucos, por lo que supone de tragedia humana, y sin perjuicio de lo expresado en párrafos anteriores, habría que aclarar que, según el padrón que maneja el INE, los inmigrantes procedentes del África Subsahariana y África del Norte empadronados en España son 785.279 (el 18’95% del total de población inmigrante legal), mientras que los inmigrantes procedentes de Europa del Este, la mayoría pertenecientes a países que han entrado recientemente en la Unión Europea y que por tanto están perdiendo la condición de inmigrante para obtener la de residente, son 735.506 (el 17’75%) y los iberoamericanos son 1.500.785 (36’21%). Por lo que quizás convendría revisar la percepción que se tiene de las fronteras sur de España como la principal vía de entrada de la inmigración.

 

Deslocalización de mano de obra.

 

   La economía española se asienta sobre la base de dos "fortalezas", discutibles, pero cuyo peso es incuestionable. La primera de ellas, de carácter más tradicional, es el estratégico sector servicios. Y, la segunda, y desde momentos posteriores al año 2000, en la construcción. El importante peso de estos dos sectores se hace evidente en el PIB. El 60% lo ocupa el sector servicios, mientras que la construcción se sitúa en un poco más de un 10%. Es decir, dos sectores que suponen casi las tres cuartas partes de una economía. Proporción que se mantiene si desgranamos el empleo en función del PIB. Así el sector servicios representa más del 65% de los empleos y la construcción más de un 12%. El sector industrial concentra más de un 17% del empleo español.

   Estos datos no son nada baladíes en la lógica del capitalismo salvaje del que hacen buen uso las economías actuales. Dentro de este modo de proceder, lo habitual es desmontar las fábricas de los países más desarrollados y llevárselas a países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo, donde se abarata la mano de obra. Un fenómeno que se conoce como deslocalización y que ha alcanzado un gran desarrollo tanto en su puesta en funcionamiento como en su estudio, por lo que no nos detendremos en su explicación. No obstante, la deslocalización no depende del volumen de beneficio que la empresa o multinacional obtiene. Recientemente hemos podido leer en los medios de comunicación cómo el gigante de la telefonía móvil, la finlandesa Nokia, la empresa que más cuota de mercado tiene y la que más beneficio obtiene [7.205 millones de euros en 2007, un ascenso del 67% respecto al anterior ejercicio (5).] ha anunciado el cierre de su fábrica en Alemania para trasladarla unos cientos de kilómetros al Este, a un país en el que los derechos laborales de los trabajadores se encuentran bastante reducidos y en el que los salarios son mucho más bajos.

   Pero, ¿cómo abaratar el coste humano en un país cuyo principal motor económico no produce nada en una cadena de montaje? El sol, la playa, los centros comerciales y de ocio, los hoteles, los comercios, etc., no se pueden deslocalizar. Es una verdad tan evidente que no necesita discusión alguna. Por tanto, ¿cómo se pueden bajar los costes y aumentar los beneficios? Pues tal y como se ha venido haciendo en los últimos años, con una decidida apuesta por el aumento de precios y el control de los salarios. Y puesto que los "centros de producción" del sector terciario no pueden ser trasladados a países del Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, pues se traslada la mano de obra a los primeros. Puede que por ello el 59% de la población inmigrante trabaje en el sector servicios, el 21% en la construcción, el 12% en el industrial. Parece que la patronal ha tenido claro que ni los servicios ni la construcción se puede deslocalizar, y que la única manera de rebajar los costes de producción era rebajar los costes humanos.

 

Crecimiento económico, "el milagro español".

 

   Se cuestiona, y tacha de liberal, la tesis sostenida por diversos autores, y que vincula la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Unión Europea posteriormente, con el crecimiento económico español. Vinculando, de una manera un tanto soslayada pero bien dirigida, el aumento de la inmigración con el crecimiento de la riqueza. A este respecto caben dos objeciones, la primera de ellas es que el crecimiento económico español se inicia tras los primeros compases de la Transición en los que la crisis era la nota destacada, y que coinciden con la entrada en la Comunidad Europea, 1986, y la percepción de los primeros fondos. El paro, por ejemplo, descendió, tras el ingreso de España en la CEE, del 23% al 15% en sólo tres años (6). Buena muestra del aprovechamiento de los fondos europeos y su incidencia en la marcha de la economía y la generación de empleo.

   Además de la Unión Europea, el crecimiento económico español de los últimos años se ha asentado en un sector concreto, la construcción. Así lo indican todos los informes, suponiendo, como hemos visto, algo más del 10% del PIB y ocupando a gran parte de la población extranjera en este sector. Por eso cuando por la crisis económica ha hecho mella en este sector, el porcentaje de paro entre la población extranjera se ha visto incrementado.

   Así, según INEM los datos del paro no ha dejado de aumentar en el 2007, y el 40% de los nuevos parados son extranjeros (7). Evidentemente porque las actividades ligadas al ladrillo son las que han registrado el mayor aumento anual del paro extranjero con un 19,89%, seguido del sector servicios con 9%. En sólo un año, 2007, el desempleo ha crecido un 24% entre los trabajadores inmigrantes, frente al 5,3% de la media nacional. Como consecuencia, la factura en subsidios por desempleo de este colectivo ha engordado un 54% hasta los 116,1 millones de euros, - un 8,4% del gasto total (8). Y no sólo eso, sino que podrá aumentar los tiempos de duración del desempleo de los nativos, puesto que la cola de los solicitantes de empleo se alarga y, por tanto, también el tiempo de espera. Con lo cual no es cierto como sostiene Lucke Stobart que desde la segunda mitad de los años noventa, el paro no haya hecho otra cosa que bajar.

   Pero tampoco podemos decir que los inmigrantes contribuyan a la riqueza del país cuando envían sus ahorros a sus países de origen y gastan lo que es imprescindible en el de acogida. En España las remesas no han hecho más que crecer, en los primeros nueve meses de 2007, los fondos que enviaron los inmigrantes alcanzaron los 5.942 millones de euros, lo que supone un 23,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Es más, las estadísticas del Banco de España muestran que el volumen de remesas se ha multiplicado por 5 entre 2000 y 2006 (9). Por tanto, no es de extrañar, que España sea el tercer emisor de remesas a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita. Así, las remesas se han convertido en un factor estratégico para el desarrollo de los países de origen, hasta el punto que desborda con creces la ayuda exterior que reciben, por ejemplo, de la Unión Europea (10), pero en cambio, apenas tienen repercusión para las arcas de la nación de acogida. Aunque son muchos los que pueden pensar, que el Estado de acogida se beneficia de las comisiones que cargan sobre estos envíos. El problema es que este tipo de comisiones oscilan entre el 2% y el 20%, y en España el coste medio de las mismas es del 4,1% mientras que en el Reino Unido, por ejemplo, alcanzan hasta el 40% para los envíos de 100 euros. De esta manera, la banca española ingresa por estos conceptos en torno a los 250 millones de euros anuales, pero eso no quiere decir que repercuta directamente en las arcas del Estado, aunque a la larga sí lo haga indirectamente. Lo mismo ocurre con los impuestos que gravan el consumo de IVA, debido al menor poder adquisitivo de los inmigrantes y la mayor tendencia al ahorro de los inmigrantes. Así, la cesta de la compra de un extranjero supone 3.995 euros al año frente a los 6.577 que invierte un nacional (11).

 

La inmigración y los salarios.

 

   En relación con lo expuesto en el apartado anterior deberíamos indagar en la posible incidencia, como ya hemos avanzado, de ese traslado de mano de obra, a los países receptores. A pesar de las subidas salariales son marcadas por el IPC y los convenios colectivos, no estamos en condiciones de afirmar que la inmigración no haya tenido ninguna repercusión en los salarios de los trabajadores. Evidentemente, la entrada de mano de obra adicional puede provocar: a) un descenso del salario de equilibrio limitado al nivel del salario mínimo; b) un aumento del desempleo entre la obra de mano nacional porque algunos de los trabajadores ya no están dispuestos a trabajar por el nuevo salario; c) la contratación de una fracción de la mano de obra no nacional; y d) el desempleo de algunos trabajadores no nacionales que, aun estando dispuestos a trabajar por un salario inferior al salario mínimo, no encuentran trabajo (12). Incluso, Altonji y Card, han llegado a demostrar cómo el impacto de la inmigración sobre los salarios puede depender de la distribución de cualificaciones de los inmigrantes en relación con la de los nativos. Para ellos, los salarios de los trabajadores cualificados como de los no cualificados permanecen invariables cuando la proporción de trabajadores no cualificados en el flujo de inmigrantes es igual a la proporción de trabajadores no cualificados en la población nativa. Sin embargo, si la proporción de no cualificados entre el contingente de inmigrantes es mayor que la proporción respectiva entre la población nativa, el efecto es un aumento de los salarios de los cualificados, pero un descenso de los salarios de los no cualificados (13). Entonces el impacto de la inmigración sobre el mercado de trabajo depende de las propias características de la población extranjera y del nivel de oferta y demanda.

   Así, se considera que los efectos en los salarios y el empleo son más negativos para algunos trabajadores nativos, debido al efecto de sustitución, y son positivos para trabajadores altamente cualificados. En este mismo sentido, Zimmermann, usando los datos del West German Socio-Economic Panel, concluye que en los años setenta la considerable proporción de mano de obra extranjera aumentó la frecuencia del desempleo entre los alemanes, mientras que en los ochenta el efecto negativo se produce sobre los salarios (14).

   Hatzious obtiene resultados similares, y sostiene que la inmigración no parece afectar al desempleo nativo sustancialmente, pero en cambio si parece que lo hace negativamente en los salarios. Es más, en estudio reciente se ha llegado a demostrar que el salario medio de los inmigrantes procedentes de países desarrollados es superior al de los trabajadores españoles tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. En cambio, para los inmigrantes procedentes de países en desarrollo el salario medio es, por el contrario, inferior para ambos sexos (15).

 

Percepción ciudadana de la inmigración.

 

   "[...] más inmigración es igual a más racismo", por mucho que lo niegue Luke Stobart en su artículo publicado en enero por el EVT (nº 241). Y es que la tolerancia hacia las minorías étnicas ha sido menor en aquellos Estados que poseen una mayor proporción de inmigrantes, mientras que en aquellos que han contado con menor presencia extranjera la intolerancia presenta escasa incidencia (16). Es decir, en el racismo, la xenofobia y la intolerancia con los inmigrantes juega un papel fundamental la visibilidad. Si atendemos a los datos que nos proporciona Delgado Godoy podemos comprobar como los porcentajes más bajos de tolerancia los ostentan los tres países que tradicionalmente han sido receptores de inmigrantes en Europa (Alemania, Francia y Gran Bretaña), mientras con los índices más altos los poseen los países que en 2002 apenas contaban con inmigración, es decir, España e Italia (17). Ahora bien, estos dos últimos países han visto cómo poco a poco a medida que ha ido aumentado el número de inmigrantes residentes se han ido incrementando los niveles de intolerancia de su ciudadanía respecto a la inmigración. Así, lo demuestran las cifras que arroja la encuesta del CIS de noviembre de 2005. Sin ánimo de ser reiterativos, debemos recordar que el porcentaje de españoles que consideran que los inmigrantes que viven en España son demasiados o bastantes es de 92,9%. En este mismo sentido se han manifestado los madrileños en el último informe realizado por el Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2007. En éste, el 67% de los ciudadanos consideran que en Madrid empieza haber demasiados extranjeros, incluso ya el 74,6% de los inmigrantes que residen en nuestra comunidad están de acuerdo con esta afirmación. Cosa que por otra parte, nos parece normal, porque como señala Samir Naïr, una vez que el inmigrante está integrado en el país de acogida se vuelve más intolerante hacia los extranjeros e inmigrantes que llegan posteriormente (18).

   En otra encuesta elaborada por Díez de Nicolás y Ramírez Lafita en 1995 para el ISSP se llegaron a las siguientes conclusiones (19). En primer lugar, se observó que más de la mitad de los entrevistados en la casi totalidad de los países (20) afirman que el número de inmigrantes en su país debería disminuir algo o mucho. En segundo lugar, en la mayoría de los países predominaba el desacuerdo con la afirmación de que la inmigración era buena para la economía del país. Así se manifestaron Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega, República Checa, y Rusia. En tercer lugar, en nueve de los veintitrés países analizados, más del 50% de los entrevistados estaban de acuerdo en que los inmigrantes quitaban puestos de trabajo a los naturales del país (Bulgaria, Hungría, Eslovenia, Alemania Oriental, Eslovaquia, Letonia, Polonia, Rusia y Gran Bretaña). En cuarto lugar, la gran mayoría de los países predominaba la opinión de que la inmigración provoca un aumento de la criminalidad. En quinto lugar, diecisiete países se mostraron en un 60% de acuerdo a que su país tomará medidas más duras para impedir su entrada. En definitiva, pese a la gran disparidad económica, política y cultural de los países seleccionados, existe una enorme coincidencia entre los países con actitudes negativas ante la inmigración, y los que se muestran más favorables son los países que mantienen políticas gubernamentales claramente favorables, como Canadá y Nueva Zelanda, o los que poseen escasa experiencia de flujos de inmigrantes, como era el caso de Irlanda, Filipinas, o Japón.

   No podemos pasar por alto una realidad evidente, el conflicto de clase se ha extendido de alguna manera a la percepción que se tiene de este fenómeno, puesto que no se tiene la misma opinión de los inmigrantes cualificados o de los que poseen cierta posición socioeconómica que de los denominados "inmigrantes económicos". Los primeros no sólo son aceptados sino que son admitidos, mientras que los segundos son rechazados y marginados, ya que se les tienden a vincular con el aumento de la delincuencia, la violencia e inseguridad. Por tanto, no todos son extranjeros, sino sólo aquéllos que poseen unos rasgos étnicos y/o unas características socioculturales y socioeconómicas que se jerarquizan como inferiores a las nuestras. No debemos ser hipócritas, no es el mismo el grado de tolerancia que consigue un europeo o norteamericano que un hispanoamericano (exceptuando a argentinos y chilenos, donde podríamos encontrar además un factor étnico, esto es, el color de su piel), africano o asiático. Por tanto, el tipo de características que posee el propio inmigrante contribuye o dificulta su integración y su aceptación en la sociedad de acogida.

   Pero el grado de aceptación-rechazo también depende de la proximidad. Así, no es lo mismo la percepción que pueden tener las clases más desfavorecidas, que son las que soportan en mayor medida los costes de los flujos migratorios, difiere enormemente de la percepción que pueda tener la clase media-alta. Los primeros ven en el inmigrante un competidor y una persona que termina por degradar sus barrios, que les quitan sus trabajos, que favorecen la precariedad, que ponen en peligro su seguridad, etc. Mientras que los segundos, en cambio, ven en el inmigrante a un trabajador a bajo coste para sus empresas y hogares.

 

Gastos y Prestaciones Sociales.

 

   La expresión más generalizada entre los defensores a ultranza de los procesos migratorios, es que los inmigrantes cuestan menos de lo que ingresan. Como nos advierte Stobart (y otros), en su artículo "Contra la lepenización del discurso", en 2005 los inmigrantes aportaron a las arcas del Estado 23.402 millones de euros mientras que originaron un gasto de 18.618 millones, lo que significa que hicieron una aportación neta positiva de 4.784 millones de euros. Nosotros no vamos a negar la validez de los datos que nos aporta el mencionado autor. Es más, creemos que esta situación es cierta. El problema es, como afirma en 2006 el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que el Estado ha tenido un superávit de 4.784 millones de euros pero las Comunidades Autónomas no se han beneficiado de este hecho, sino que son las grandes perjudicadas del aumento del gasto público que han supuesto para ellas la atención de inmigrantes. Así, por ejemplo, La Rioja ingresó 65 millones, pero sus gastos ascendieron a 151 millones de euros. Eso supone un déficit de 86 millones de euros, que sumados a la repercusión en los capítulos de inversiones elevarían el agujero presupuestario de la comunidad a 112,68 millones de euros (21). En el mismo caso, se encuentra Madrid que también arroja un saldo negativo, ya que el aporte global de los inmigrantes residentes en esta comunidad ascendió en 2005 a 1.115 millones de euros, mientras que los gastos en servicios sociales, sanidad y educación se situaron en 1.374 millones, por tanto, el déficit alcanza la cifra de 259 millones de euros.

   Pero la inmigración no sólo ha repercutido en la hacienda de las comunidades autónomas sino también en la propia del Estado español. Sólo hay que observar los presupuestos de 2007, donde por primera vez se introdujeron dentro de los gastos sociales una partida destinada exclusivamente a la inmigración. Así, "el Estado destinó 250 millones de euros a medidas relacionadas con la atención a los inmigrantes, como un fondo de apoyo a la acogida y programas de refuerzo educativo. Además, a través de los ministerios de Interior y de Administraciones Públicas se dotaron otros 60 millones a actuaciones no específicamente policiales" (22). Con esto no queremos decir que el Estado haya incrementado su partida presupuestaria en gasto social, pero lo menos si la ha redistribuido. Por tanto, la inmigración sí está repercutiendo y no siempre de forma positiva en el gasto social de las comunidades autónomas y del Estado.

 

- Prestaciones Sociales:

 

   Cada vez son más los que consideran que los inmigrantes son los grandes beneficiarios de las prestaciones sociales en detrimento de la población autóctona. En este sentido se manifestó el catedrático de Sociología de UNED, José Félix Tezanos, en el curso de verano "Tendencias en inmigración y exclusión social y sus impactos sociales en la España del S. XXI", al afirmar: "Las familias españolas de bajos ingresos están perdiendo prestaciones y servicios, pierden posiciones relativas, frente a familias inmigrantes, lo que les genera un sentimiento de rechazo". La cuestión es que las prestaciones y los gastos sociales son prácticamente los mismos, pero por contra hay más población demandante de este tipo de servicios. Las clases más desfavorecidas se encuentran ante la pérdida de prestaciones pero no ante el acceso o pertenencia a una nueva clase que le posibilite un mayor nivel o calidad de vida. Favoreciendo la aparición de conflictos cuando se atribuye a los "nuevos trabajadores" la captación de un buen número de programas y servicios sociales que conceden las instituciones públicas (23). La solución la encontraríamos, como es obvio, en el aumento del gasto en protección social, para que las familias españolas no vean a los inmigrantes como "competidores" para determinadas prestaciones. Porque está claro que con la actual asignación presupuestaria no se puede satisfacer las demandas sociales de la ciudadanía.

 

- Sanidad:

 

   En España la asistencia sanitaria es universal, por tanto, todos los inmigrantes, legales o ilegales, que se encuentren empadronados cuenta con una cobertura sanitaria (el empadronamiento no es necesario en los casos de urgencia). Esto supone un aumento de la población que adquiere derecho a ser atendido médicamente, lo que conduce inevitablemente a un aumento del gasto farmacéutico y un descenso del ratio del número de camas en hospitales por cada mil habitantes. Respecto a la primera cuestión, el aumento de la población extrajera está incidiendo en el gasto farmacéutico, tal y como apunta el informe "Determinantes de la evolución del gasto farmacéutico público en el ámbito autonómico", elaborado por FARMAINDUSTRIA, y que subraya, además, que si "se extrapola el gasto farmacéutico [de la población extranjera] total (no per cápita) en un contexto de crecimiento de la población, su efecto será aún mayor" (24), y que las Comunidades con un mayor porcentaje de población extranjera "experimentan un incremento de su gasto farmacéutico público per cápita superior a la media nacional".

   Si nos detenemos en la segunda cuestión, el ratio del número de camas hospitalarias por habitantes, según el Informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el entorno económico y social que se publica periódicamente, se ha registrado un descenso que ha pasado de 3,9 camas hospitalarias por cada mil habitantes en 2001 3,58 en el año 2007. Descenso que se ve agravado, en opinión de José Félix Tezanos, por la sobredemanda que se ha producido en el sistema de salud pública, sobre todo en los servicios de urgencias que ha visto cómo se han incrementado las pruebas en esta unidad. Además la barrera del idioma está planteando grandes problemas a los médicos que deben dedicar mucho más tiempo para hacer un diagnóstico, lo que indudablemente conlleva la utilización de más pruebas complementarias (25). Un esfuerzo, el que realiza la Sanidad Pública, que puede verse compensado por los ingresos que los inmigrantes realizan en concepto de Seguridad Social. Sin embargo, si descendemos al nivel autonómico, nivel de gobierno en el que se encuentran transferidas las competencias en materia sanitaria, en la Comunidad de Madrid los inmigrantes suponen un 12% de los afiliados a la Seguridad Social, pero sus cotizaciones, apenas llegan al 6% del total (26).

 

- Educación:

 

   En la Comunidad de Madrid un alumno extranjero supone un gasto anual de 2.976 euros, cien euros más que uno nacional (27). Además, el fenómeno de la emigración ha disparado el número de alumnos procedentes de familias inmigrantes en las escuelas españolas, multiplicando su número por diez, lo que supone ya el 7,39% sobre el total de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias.

 

Notas:

(1) BOLZMAN, C (1999) "Políticas de inmigración versus políticas del inmigrante", en Educación Social, Ene-Abr, pp. 10-15.

(2) ABC, 13/04/2007.

(3) http://extranjeros.mtas.es/es/general/DatosEstadisticos_index.html

(4) http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=

(5) http://www.elpais.com/articulo/economia/Nokia/dispara/beneficios/netos/67/2007/elpepueco/20080124elpepueco_11/Tes

(6) http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_reest_paro_pdftot.pdf

(7) Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, del 31 de diciembre de 2006 a igual fecha de 2007, los extranjeros inscritos en los Servicios Públicos de Empleo se incrementaron en 41.814 personas, lo que supone un 24,57% más de desocupados.

(8) En: www.expansion.com (08/01/2008).

(9) Estudios Económicos de Caja Inmaculada, 30/12/2007.

(10) El volumen total de la Acción Exterior de la Unión fue de 5.867 millones de euros para todo el año 2006, según el informe del presupuesto que presentó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea-

(11) En: www.expansión.com (15/07/2006).

(12) González Ferrer, A. (2002) Efectos macroeconómicos de la inmigración. Impacto sobre el empleo y los salarios de los nativos. Papers Instituto Juan March, nº 66, pp. 133-153. p. 8.

(13) Altoni, J y Card, D. (1911) "The effects of inmigration on the labor market out comes of less-skilled native", en Bowd, A; Freeman, R. B. (eds) Inmigration, Trade and the Labor Market. University of Chicago Press, Chicago.

(14) Zimmermann, K. F. (1994) "Some general lessons for Europe´s migration problem", en Giersch, H. (ed.) Economic aspects of International i migration. Springer-Verlang.

(15) Simón, H. J.; Ramos, R y Sanromá, E. (2007) Segregación laboral y estructuras salariales de nativos e inmigrantes en España. Un análisis con datos emparejados empresa-trabajador. Workpaper Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S. A.

(16) DELGADO GODOY, L. (2002) La inmigración en Europa: realidades y políticas. Documento de Trabajo, 02-18. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC). p. 4.

(17) Actitud antes las minorías étnicas (2002)

PAÍS	TOLERANTES	AMBIVALENTES	INTOLERANTES
Alemania	53%	29%	18%
España	77%	18%	4%
Francia	55%	16%	19%
Finlandia	71%	21%	8%
Suecia	76%	15%	9%
Reino Unido	58%	27%	15%

Fuente: DELGADO GODOY, L. (2002) La inmigración en Europa: realidades y políticas. Documento de Trabajo, 02-18. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC). p. 4.

(18) NAÏR, S. (2001) "Inmigración e identidad", en El PAÍS, 12 de marzo.

(19) Díez Nicolás, J y Ramírez Lafita, M. J. (2001) La inmigración en España: Una década de investigaciones. IMERSO, Madrid

(20) La encuesta se realizó en: Alemania Oriental, Alemania Occidental, Italia, Bulgaria, Hungría, República Checa, Letonia, Noruega, Rusia, Eslovenia, Irlanda, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Austria, Japón, Polonia, Gran Bretaña, Filipinas, Suecia, España y Canadá.

(21) En: www.larioja.com.

(22) En el Diario Hoy, 27/09/2006.

(23) La población inmigrante en Madrid consume el 46% de la factura en programas sociales de la región, entre los que se incluyen, prestaciones por desempleo, fomento de la inserción laboral o seguridad ciudadana, entre otros. En: www.expansión.com (15/07/2006).

(24) http://www.farmaindustria.es/farmaweb/7pb43811prod.nsf/0/a3f42686103a80bdc1256e770025dbdb/$FILE/25%20-%2034%20gasto%20farmaceutico.pdf

(25) Parrilla Ruiz, FM; Cardenas Cruz, Dp; Vargas Ortega, DA; Martínez Cabezas, S; Díaz Castellanos, M. A; Cárdenas Cruz, A. (2003) Reflexiones de la asistencia sanitaria al inmigrante en una unidad de urgencias. Medicina de Familia, vol. 4, nº 3, noviembre. (p. 44).

(26) En: www.expansión.es (15/07/2006).

(27) En: www.expansión.com (15/07/2006).