Carlos Gregorio HERNÁNDEZ

   Mientras daba mis primeros pasos en la licenciatura de Historia y más allá del maremágnum de asignaturas, la Guerra Civil fue uno de los temas que cautivaron mi interés, porque en ella radicaban buena parte de las claves de la historia contemporánea de España. Desde aquellos tiempos han sido muchas las horas que he dedicado a la lectura e investigación de esta cuestión y especialmente a la represión, que ha sido el caballo de batalla de la historiografía más reciente. Ya por entonces los políticos, con las iniciativas parlamentarias votadas durante las dos legislaturas del Partido Popular, vinieron a inmiscuirse en un tema que en principio había quedado en manos de los historiadores y que ahora, gracias a la providencia del juez Garzón y continuando el trastorno de los pasos lógicos, también se abre a la Justicia.
 
          

   La intervención de la Justicia en un tema tan polémico como es el de la represión debería ofrecer, al menos a priori, un principio de equidad del que sin duda adolece la extemporánea iniciativa de Garzón. Las manifestaciones del juez en foros internacionales, como hizo durante su estancia en Estados Unidos de 2006, prejuzgando hechos y posicionándose de forma tendenciosa ante los acontecimientos que ahora ha decidido considerar, deberían sin duda inhabilitarle. Si entramos en los detalles de la noticia y observamos el planteamiento de fondo, el juez contribuye a amplificar, tal y como están haciendo los políticos con la cobertura de la Ley de Memoria Histórica, la tesis binaria, sectaria y antihistórica de la historiografía dominante, de la que su acción es una consecuencia lógica. En algunos artículos, con razón, se echa en cara al juez que no contemple los crímenes acaecidos durante la Segunda República, sin los que es imposible entender lo que ocurrió a partir del 17 de julio de 1936, al igual que los crímenes frentepopulistas, que su provisión igualmente omite. Garzón actúa de esta manera tan sectaria porque no juzga sino que sostiene una tesis -un prejucio o juicio previo si ustedes lo prefieren-, dentro de la cual estos y otros hechos carecen de toda relevancia puesto que no se acomodan a ella. Por eso cuantifica nombres, fechas y lugares y no investiga singularmente las causas de cada una de las muertes.
 
   La calificación de los crímenes de los nacionales como de lesa humanidad y no así los de los frentepopulistas le permite situar a unos y otros en planos distintos, llegando incluso a contrariar la expresa voluntad de los familiares, como ocurre en el caso de Federico García Lorca, cuyos descendientes prefieren dejar en paz a los muertos. En sentido contrario y apoyándose en la misma y perversa lógica, mientras perseguía a Pinochet, ya desestimó en 1998 la denuncia contra Santiago Carrillo para procesarle por los hechos de Paracuellos, de los que el socialista fue protagonista. El descrédito del juez ante los españoles debe ser manifiesto por el espíritu sectario y maniqueo que le inspira.
 
   El método Garzón no busca la verdad y, si me lo permiten, es poco serio. La manera de recabar la información de D. Baltasar va a ofrecer un totum revolutum equiparable al obras como la del historiador Santos Juliá, donde se confunde a combatientes con desaparecidos y se hace republicanos a los que murieron siendo nacionales. Los detalles en cada una de las muertes no son una cuestión superflua sino sustantiva a la hora de esclarecer los hechos y dar verdadero sentido a las cifras, que por si solas no dan toda la información necesaria para comprender lo sucedido. Es curioso que entre las organizaciones e instituciones a las que requiere documentación no estén el Archivo Histórico Nacional ni el Archivo de la Guerra Civil. Un historiador -en este caso un juez- con un conocimiento somero de los hechos que se pretenden analizar no podría excluir estas dos instituciones que guardan entre sus fondos material de tanto valor como la Causa General. Aunque sólo estudie los muertos de un bando animo al juez Garzón a solicitar, además de los datos vitales básicos, otros datos adicionales tan importantes como los procesos judiciales, que ayudarían sin duda a desechar la tesis oficial, evidenciando los crímenes que algunos de los represaliados cometieron antes de ser ejecutados por la Justicia del nuevo Estado. No estaría de más que cotejara las piezas del material judicial recopilado en la Causa General para que verificara cuántos de los represaliados lo fueron por haber sido autores o colaboradores de crímenes durante la contienda.
 

   Significativamente entre las organizaciones que han dado pie a la acción del juez Garzón está la CNT. Si la organización de hoy guarda alguna relación con la de ayer, sus compañeros de viaje en la demanda, en la mayoría de los casos comunistas, fueron los principales asesinos de sus conmilitantes de 1936. Los recientes hallazgos en Madrid de unos supuestos restos de Andreu Nin podrían dar pie a que esta organización quisiera también poner sobre la mesa uno de los hechos más significativos de la guerra civil: en el seno del Frente Popular se dilucidó una segunda guerra, que tuvo su punto álgido en mayo de 1937 en Barcelona. El socialista Negrín y sus aliados comunistas asesinaron a los que hasta entonces habían sido sus aliados en la lucha, haciéndose con el control absoluto de la plaza fuerte del anarquismo y, por ende, del Frente Popular. Pese a quien pese, en España los republicanos también mataron a republicanos. Esas víctimas, que son republicanas, no tuvieron ni siquiera una línea de recuerdo en la ley de memoria de Rodríguez Zapatero porque contravienen la tesis oficial y, por lo que se desprende de la providencia de Garzón, seguirán esperando otra ocasión mejor para ser reconocidas.
 
   En este sentido, su petición incluye otras extrañas anomalías, como es el hecho de solicitar los nombres de las personas que yacen en el Valle de los Caídos. Esos hombres no son represaliados, que son los que supuestamente han suscitado el interés de Garzón, sino que se trata de caídos en combate de ambos bandos y que fueron expresamente enterrados en este lugar bajo un ánimo de reconciliación y paz. Ciertamente sería de desear que la petición a la abadía benedictina, aunque errática en origen, le lleve a profundizar, comprender y, en último término, asumir, el sentido con el que fue erigida esa obra y del que carecen sus actos.