Adolfo MONCADA

  Los presos de ETA han salido a relucir en todas y cada una de las múltiples ocasiones en las que los sucesivos gobiernos han intentado negociar o pactar con la banda. Desde la afamada alternativa KAS, casi cumplida, la liberación de los presos ha sido una exigencia previa de la banda o, en su defecto, el acercamiento inmediato de los presos.

  La estrategia de ZP, que pasa por conseguir articular una mayoría permanente vinculando el nacionalismo al socialismo o viceversa, tiene en Vascongadas un carné de presentación: el pacto con ETA y su mundo. La lógica de los acontecimientos indica que los prolegómenos de ese pacto ya se han llevado o se están llevando a la práctica. El insuficientemente comentado “Vamos ganando” de Arnaldo Otegui es la palmaria demostración de que el gobierno ha decidido otorgar antes de recibir, de que ha decidido rendir el Estado de Derecho. De momento las condiciones previas parecen evidentes: desmantelamiento de la corriente socialista opuesta al pacto con el nacionalismo; cierre del Pacto Antiterrorista y de la alianza, en este terreno, PP-PSOE; difusión propagandista de una nueva vía para el Plan Ibarreche, incluso yendo más allá, a través de la entente nacionalismo-independentismo-socialismo; derogación en la práctica de la Ley de Partidos, permitiendo la comparecencia pública primero y la participación en los comicios después de Batasuna; puesta en libertad, gracias a la inhibición de la Fiscalía, de cientos de etarras al amparo de una interpretación tan laxa como interesada del Código Penal….

  Si los cálculos no son erróneos, en los próximos cuatro años, algo más de un centenar de etarras podrían ser excarcelados. Entre ellos estarían, y esto es lo trascendente para la negociación, los dirigentes Parot, Paquito y Gadafi, individuos que tienen a sus espaldas la responsabilidad de cientos de crímenes.
 
  Siguiendo los dictados del presidente del gobierno, tanto el Ministro de Justicia como el Fiscal General del Estado, han ido preparando, allanando, el terreno. El último capítulo, no por burdo lo suficientemente evidente, arrancó con la destitución, con voluntad de servir de ejemplo coercitivo, de Eduardo Fungairiño. Desde la Audiencia se estaba trabajando para que no se pudiera hacer fraude a la Ley aprovechando sus resquicios, sobre todo en lo referente a las penas de los terroristas. Era empeño de Fungairiño evitar que, merced a una interpretación intolerable de la Ley, los terroristas pudieran salir a la calle. El segundo capítulo se está escribiendo después de la advertencia. Se trata de conseguir que los fiscales no sólo obedezcan sino que, además,  no traten de presentar oposición en esta materia a las decisiones políticas ejecutadas por el funesto emparejamiento de López-Aguilar con Conde-Pumpido.

  Frente a esta maniobra, frente a esta indignidad sólo se alzan las voces de un reducido número de periodistas y las reclamaciones, llenas de dignidad, de la AVT. Ahora corresponde a la oposición librar una auténtica batalla política y jurídica encaminada a poner coto a la entrega definitiva del Estado de Derecho a una banda terrorista. En estas circunstancias no son suficientes ni las palabras ni las explicaciones parlamentarias.