LA REVISIÓN AUTONÓMICA

José Manuel CANSINO MUÑOZ-REPISO

 

   La publicación por la Fundación Progreso y Democracia de un documento sobre el coste del sistema autonómico, coincidiendo con la firma de un manifiesto abiertamente crítico con la deriva autonómica, corrobora haberse superado en España el tiempo en el que las lecturas críticas del actual modelo de Estado resultaban un anatema.

   En el caso del manifiesto "Esto sólo lo arreglamos sin las autonomías" destaca el hecho nada irrelevante de incluir a políticos otrora defensores del Título VIII Constitucional y ahora abiertamente contrarios a la forma en la que se ha ido sustanciando en estas tres décadas.

   Añádase a lo anterior la coexistencia de dos modelos de financiación muy distintos según se trate de territorios forales o de comunidades de régimen común. Sin duda, es éste un hecho llamativo que si bien pudo tener justificación en la primera etapa posconstitucional, hoy es difícil de sostener el trato financiero tan desigual entre unos y otros.

   Los ciudadanos no parecen divorciados de una opinión crítica del modelo autonómico. Cuando el CIS pide a los encuestados que valoren a las administraciones general del Estado, autonómica y local, la segunda nunca resulta la mejor valorada. Los encuestados piensan que el personal más preparado está en la Administración General mientras que es la Local la que responde más rápido, los trata mejor y proporciona más información a los ciudadanos (Estudio nº 2762. Calidad de los servicios públicos, pregunta 7).

   A pesar de lo anterior y finalizado el periodo de cesión de competencias, asistimos a una "inflación de personal" autonómica a juzgar por las cifras del Boletín del personal al servicio de las AA.PP. que publica el Ministerio de la Presidencia.

   Pero, con ser importante el dato, no capta el efecto del galopante crecimiento de las empresas públicas subcentrales que, de utilizarse originariamente para agilizar la gestión pública, sirven para reducir artificiosamente el endeudamiento de las administraciones propietarias, que pasa de esta forma a ser endeudamiento de las empresas públicas. Un rápido vistazo al inventario de entes de la comunidad autónoma andaluza lo corrobora.

   Este endeudamiento no se computa fácilmente por la Contabilidad Nacional como endeudamiento público. Las consecuencias de unas cifras de déficit y endeudamiento objetables no es cuestión baladí, a juzgar por el caso de Grecia.

   Para mayor abundamiento, es frecuente el uso de las empresas públicas para buscar acomodo a políticos cesados en sus cargos, a los que se les procura una jubilación dorada y bien remunerada a costa del contribuyente. No son pocos los casos en los que el puesto se crea ad hoc y su asignación se realiza de manera directa.

   Este "colchón privilegiado" para quien es expulsado de la política es impensable para cualquiera de los millones de trabajadores despedidos de sus empleos.

   En la explicación de esta deriva autonómica está la falta de conciencia de contribuyente que aqueja a la sociedad española, junto a una eficaz labor de los grupos de interés que operan concentrando los beneficios presupuestarios en sólo los propios y repartiendo los costes (mayores impuestos y carga de la deuda) entre millones de contribuyentes.

   El mencionado estudio de la Fundación Progreso y Democracia estima que una revisión del reparto de competencias permitiría que los españoles nos ahorráramos hasta 24.000 millones de euros al año.

   Los efectos indirectos serían, si cabe, más importantes de analizarse el coste de la fragmentación del mercado español por la proliferación de matices y trámites administrativos distintos introducidos por las leyes económicas de rango autonómico.

   Paradójicamente, los españoles, que junto con el resto de socios comunitarios anduvimos un largo camino hasta remover los obstáculos a la libre circulación en el mercado único europeo, ahora levantamos barreras administrativas interiores que hace siglos dejamos atrás en aras de un desarrollo económico y cohesión territorial mayores.

   No exageramos al afirmar que en el seno de un mercado único europeo, España se está consolidando como un "Estado fragmentado" en la atención a sus ciudadanos y regulación económica.

   Por todo ello, revisar las competencias a asumir por cada una de las administraciones públicas no puede despacharse, sin más, como quien ve en ello una reivindicación del centralismo. Debe reconocerse que parte de los servicios públicos ganarían en calidad de gestión (y ahorro de costes) si su competencia se otorgara a los ayuntamientos o retornase a la Administración general. La configuración administrativa del Estado no obedece a una ciencia exacta que no admite impugnación de sus conclusiones.