REFORMAS ELECTORALES ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

Francisco TORRES

 

   La mal llamada "memoria histórica" nos recuerda que el actual sistema electoral fue el resultado de la decisión de los artífices de la Transición. El consenso entre el centroderecha y el socialismo alumbró un sistema de representación proporcional corregido siempre en beneficio del  partido mayoritario. Ambos, PP (UCD+AP) y PSOE, defendieron y defienden esta opción porque cada uno entendía que beneficiaba a su posición: el centroderecha porque entonces tenía un voto que superaba el 45% y el socialismo porque estimaba que pausadamente se produciría una inversión de la tendencia. Como se ha visto, ambos tenían razón.

   La justificación a la que se recurrió para establecer un sistema electoral que indefectiblemente conduciría a la creación de un bipartidismo, denominado imperfecto, que acabaría con la voz de las minorías fue, curiosamente, el nefasto ejemplo de la atomización de las cortes republicanas que hoy tanto se reivindican.

 

   Siendo evidente el déficit democrático que el sistema electoral español presenta, sin entrar en el funcionamiento de los partidos y en el modo en que se conforman las listas electorales, junto con la existencia de facto del mandato imperativo que supone la disciplina de voto, pese a estar expresamente prohibido por la Constitución, desde hace dos décadas se habla de la necesidad de reformar el sistema electoral. Es una propuesta que teóricamente asumen tanto PP como PSOE pero que jamás concretizan. Entre otras razones porque, una vez en el poder, el sistema electoral teóricamente favorece la permanencia en el mismo a través del clientelismo (político, mediático, control de organizaciones que aparentemente son producto de la sociedad civil...); lo que es claramente visible en algunas Comunidades Autónomas y en muchos Ayuntamientos.

   Cada vez que los partidos mayoritarios, PP o PSOE, han intervenido en la legislación del sistema electoral lo han hecho para acrecentar el bipartidismo y reducir la voz de las minorías. En algunas autonomías uniprovinciales se han establecido distritos para así conseguir que, en la práctica, sólo PP o PSOE puedan obtener representación; también se han establecido caprichosos límites porcentuales para desanimar la presencia de otras opciones para corregir la aplicación estricta de la regla matemática que rige la imputación de representantes a las fuerzas políticas.

 

   En los últimos años se ha extendido la idea de que es necesario reformar el sistema para acabar con el peso de los nacionalistas elevando los techos porcentuales nacionales, pero se trata de una propuesta que no ha prosperado, que es dudosamente constitucional en los términos planteados. Si tan preocupados están, PP y PSOE, por el peso político del nacionalismo sería suficiente que ambos acordaran prescindir de sus votos. Ese día acababa el problema nacionalista. Pero ambos prefieren utilizarlo como justificación y pactar con los nacionalistas.

   La propuesta que tienen en mente, tanto PP como PSOE, es la de aproximarnos al modelo británico. Bono la ha expuesto como una novedad y con una aparente y falsa valentía en EL MUNDO, como si fuera el verso suelto del PSOE, cuando en realidad se lleva tiempo trabajando en ello en ambos partidos.

   ¿En qué consiste la propuesta de reforma? En la utilización de los distritos uninominales en los que sólo resulta elegido un diputado por sistema mayoritario a una o dos vueltas. Aparentemente, con ello, se reduce el poder del partido porque el diputado dependerá más del elector. Dejando a un lado que es muy dudoso que el partido no controle la designación de candidatos, aunque ahora tendría que preocuparse por los nombres de toda la lista y no sólo por el cabeza de cartel y la sigla, lo que sin duda obligaría a ser más cuidadoso con los diputados paracaidistas y los paniaguados, este modelo lo único que haría sería contribuir a la conversión definitiva del sistema español en bipartidista absoluto reduciendo aún más el valor del voto del ciudadano y las posibilidades de la existencia de un pluralismo efectivo. Aún cuando como migajas se hable de unos cuantos diputados elegidos en lista nacional que a duras penas sí permitiría que irrumpieran en el Parlamento dos o tres partidos. Representación que probablemente desaparecería con el tiempo o sufriría los típicos efectos tobogán que se dan en Inglaterra o Francia. Un sistema que en ningún modo supondrá la proscripción de los nacionalistas, ya que probablemente, sobre todo en el caso de los catalanes, hasta permitiría incrementar su representación.

 

   La propuesta de Bono, que es una opción que se estudia en los ámbitos populares y socialistas, secundada ingenuamente desde algunos ámbitos externos, no va a contribuir ni a regenerar democráticamente el sistema, ni a dar más poder al ciudadano, ni a permitir la expresión de las minorías, ni a reducir el poder de los aparatos de los partidos. Al contrario la aparición de los distritos uninominales contribuirá a reforzar aún más el bipartidismo y a reducir la participación del ciudadano en la vida pública. Lo que pasa es que tanto en el PP como en el PSOE andan haciendo las cuentas para saber cuántos diputados más conseguirían y si ello les conviene.

2 comentarios

[linxiong - 17 de noviembre de 2010 - 03:31]

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[Urdin - 09 de enero de 2010 - 18:20]

El problema de las "reformas electorales" es que pueden maquillar la realidad pero no sustituirla. El problema de fondo es si es de recibo que fragmentando el cuerpo electoral y con éste el sujeto de derecho político, el pueblo, se pueda permitir a minorías regionales vulneral por la vía del bloqueo parlamentario la teórica igualdad que proclama la Constitución. Si según el principio de jerarquía normativa los españoles somos iguales ante la ley ¿porque no se modifica la ley electoral que no es más que una ley orgánica en ese sentido implantando la circunscripción única como sucede el Israel o en las elecciones europeas? Una circunscripción única, es decir nacional, obligaría al electorado a moverse dentro de parametros nacionales dejando de lado los partidos regionalistas que conservarían muchísmo poder en los parlamentos regionales pero ya no podrían chantajear la aprobación de los presupuestos generales y, a partir de ahí, los partidos nacionales estarían en condiciones de reasumir, con arreglo a esa Constitución que ni ellos se creen, las competencias exclusivas del estado que en fraude de ley han estado cediendo en los últmos 30 años y que han convertido al Estado español en una cáscara vacía, en una colonia de Bruselas y cuyos que caen sobre las espaldas del pueblo su lucran los caciques de las nuevas Taifas con el consentimiento de los afectados que son incapaces de darse cuenta de lo que sucede. El desafio de las minorías nacionales, españolas se entidende, es denunciar este sistema como claramente antinacional con una pedagogía que vaya desde las contradicciones, omisiones, prevaricaciones y responsabilidad de los liberales y sus esbirros internacionales en la implantación de este sistema hasta su pretendido intento de presentarse ahora, con la autoridad que, según ellos les da, el haberse equivocado como salvadores de la nación española frente al separatismo.