LA PRESCINDIBLE INSIGNIFICANCIA DE UN REY
Jorge GARCÍA-CONTELL
Hoy, 18 de junio de 2006, en Cataluña se somete a referéndum el nuevo estatuto de autonomía de esa región, cuya convocatoria suscitó una polémica de apariencia técnico-jurídica pero de hondísimo alcance político. Creemos no equivocarnos al pronosticar que sus consecuencias dejarán una huella profunda en la historia política de España.
La actual Constitución española dio por buena la designación por Francisco Franco de Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado, aunque limitando sus facultades y prerrogativas de forma similar a la de otros monarcas de Europa. Entre las muy escasas competencias que, teóricamente, le son propias cita el artículo 62.c la de convocar a referéndum, teniendo presente que este acto de gobierno como cualesquiera otros que pueda ejercer habrá de contar necesariamente con el respaldo de otra autoridad: Presidente del Gobierno, Ministro o Presidente del Congreso, según los casos. De conformidad con lo anterior, la Ley Orgánica 2/1980 sobre Regulación de las Modalidades de Referéndum dispone en su artículo segundo que la convocatoria de cualquier consulta popular es competencia exclusiva del Estado y habrá de ser firmada por el rey. A pesar de la única e inequívoca interpretación posible de la legislación positiva, este referéndum que hoy se lleva a cabo en cuatro provincias españolas no ha cumplido ninguno de los preceptos exigibles y ya citados:
1.- El pueblo no ha sido llamado a consulta por el Gobierno de la Nación sino por el presidente del gobierno regional catalán, aunque tal vez una generosísima interpretación de los hechos podría concluir que este último actuó por delegación tácita del Presidente Zapatero.
2.- Así y todo, la inexcusable rúbrica regia sigue ausente de la convocatoria y dicha carencia reduce necesariamente el Decreto a la categoría de acto administrativo nulo de pleno derecho.
A la vista de una tan manifiesta irregularidad, un partido político minoritario – Alternativa Española – interpuso un recurso contencioso administrativo el pasado día 12 de junio en el que solicitaba la suspensión cautelar del referéndum. Como era previsible en un país donde la independencia judicial no rebasa los límites de lo quimérico, el Tribunal ha desestimado la suspensión y, falto de cualquier apoyo razonable en su arbitrariedad, atribuye al recurrente la responsabilidad al reprocharle que presente su solicitud en fecha excesivamente cercana al plebiscito. Grotesco, aunque sin duda la clase política no olvidará ni dejará sin recompensa el vasallaje así tributado por los magistrados José Juanola, Pilar Martín y Manuel Táboas.
No es lo peregrino e incongruente del razonamiento de Sus Señorías lo que llama la atención en este caso. Más bien habremos de señalar que nos encontramos ante una situación inédita en la historia de España pues, en un plazo inferior a un mes, dos poderes distintos del Estado han despreciado la institución monárquica hasta el punto de promulgar – el Ejecutivo – una norma sin recabar la inexcusable firma real y de no valorar ni tomar en consideración – el Judicial - dicha ausencia. Nunca antes Juan Carlos de Borbón, desde que la Corona de España ciñe sus sienes, fue ninguneado con tamaña insolencia y reiteración.
Por más que el artículo 56.1 de la Constitución atribuya al monarca el cometido de árbitro y moderador de las instituciones políticas españolas, es público y notorio que no desempeña cometido político de más relevancia que el de figura decorativa en ceremonias solemnes. Conocida también es su, al parecer, irresistible tendencia a fraguar amistad con corruptos empresarios, siniestros vividores y ridículos pretendientes a tronos extranjeros que concluyen su paso por la vida pública sentenciados y presos o huidos del territorio nacional. Aparentemente, nada de lo anterior guarda relación con la exorbitante fortuna personal que le atribuye la revista norteamericana “Forbes” en su relación anual de los más acaudalados hombres del mundo. Al margen de lo anterior lo único que cuenta es que el mismo precepto constitucional mencionado concede a Juan Carlos de Borbón el rango de Jefe del Estado y le convierte en símbolo de su “unidad y permanencia”. Durante los últimos veintiocho años no pocos hemos dudado de la aptitud de un aristócrata con modales, caprichos y hábitos de play-boy para encarnar de forma efectiva tan alto simbolismo. Y, sobre todo, de que dicho simbolismo repercutiera apreciablemente en el devenir de los asuntos públicos. Hoy, dieciocho de junio de 2006, hemos de concluir necesariamente que nuestros recelos gozaban por desgracia de sólido fundamento.
El nuevo Estatuto de Cataluña materializa el más descomunal embate hasta la fecha contra la soberanía nacional y la igualdad entre los españoles. Si no fuera suficiente la lectura de su texto para llegar a esta conclusión, el presidente del gobierno regional catalán hace ostentosa manifestación de su intención y pretensiones al rechazar y omitir la firma del monarca en la convocatoria del referéndum. Su compañero de partido, Rodríguez Zapatero, disimula y se da por no aludido ante el desafío. Y el rey… el rey, simplemente, ya no existe. No sirve; es un residuo inútil de épocas pretéritas. No osará vindicar sus exclusivas facultades constitucionales, por supuesto respeto a su constitucional deber de imparcialidad, pero es perfecto sabedor de su nulidad e irrelevancia institucional, de su absoluta ineficacia siquiera como símbolo de la unidad nacional y del altivo desprecio que recibe de políticos, legisladores y jueces. Los días de la monarquía están contados en España y, tal vez, también lo estén los de la misma España. Si este último nefasto augurio acaba por confirmarse, ténganse presentes a la hora de evaluar responsabilidades las propias de la monarquía.
6 comentarios
Borracho Cabrón -
Juan Carlos Garcia -
Rafael -
El Rey podía ser un paterfamilias o un primus interpares y tenía una clara misión: gobernar. Y esta misión, en el ámbito del cristianismo, era sentida y vivida como una misión que Dios le confiaba y por eso, hasta pedía la bendición de la Santa Madre Iglesia en la que incluía un sometimiento a los preceptos revelados. Todo poder viene de Dios y el Rey debía velar por el bien común de sus súbditos, que incluía su destino eterno.
El ser hereditaria, en las que lo eran, era para dar una seguridad en la continuidad de la labor y evitar las tentaciones y conspiraciones de la lucha por el poder.
Todo esto fue subvertido por el liberalismo, con esa inmensa capacidad que tiene el dinero por corromperlo todo.
Indudablemente, si la monarquía deja el gobierno para otros, deja de creer en sí misma, aceptando su nuevo papel de adorno de lujo. Pero esto tiene el peligro de considerarla como prescindible, como bien afirma el autor del artículo.
LPT -
Adolfo -
Hasta cuando vamos a aguantarlos?
Milagros -
Sólo queda bien en los programas de corazón, desde los cuales embauca al lado sensiblero y cursi del populacho. El mismo que, si las cosas se vuelven del revés, no dudará en llevarles a la guillotina.
Esta fecha de Junio me produce una gran tristeza porque, sin querer ser agorera, presiento malos tiempos para nuestra patria