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ARGENTINA - URUGUAY: CUANDO LA OPINIÓN PÚBLICA ES UN PROBLEMA

ARGENTINA - URUGUAY: CUANDO LA OPINIÓN PÚBLICA ES UN PROBLEMA

Manuel MORA Y ARAÚJO

 

  Buscando una explicación racional de este hecho revestido de muchas pasiones y poca racionalidad, puede concluirse que el factor que ha impulsado el crecimiento del conflicto más allá del control de los gobernantes argentinos es la opinión pública.

 


  Desde el momento en que el gobierno uruguayo autorizó la instalación de dos plantas celulósicas para la fabricación de papel sobre la orilla oriental del río Uruguay y la provincia argentina de Entre Ríos objetó, el conflicto entre ambos países ha venido creciendo como una bola sin manija. Este es un caso de esas “little things that can make big differences”.

  El gobierno uruguayo alega que la tecnología que utilizarán esas plantas garantizan un impacto ambiental controlado, avalando su postura con un informe técnico del Banco Mundial. El gobierno de Entre Ríos -con el apoyo de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales- cuestiona la imparcialidad de ese informe. Hace algunas semanas el gobierno argentino decidió respaldar a la provincia de Entre Ríos; tal vez fue ese el momento fatal. El asunto comenzó a adquirir tintes mayores, y cuando el gobierno argentino intentó poner paños fríos, ya resultó tarde. Los paños fríos del presidente Kirchner consistieron en definir el entredicho como un tema estrictamente ambiental y anunciar que lo remitiría a la Corte de La Haya -aparentemente con la intención de ganar tiempo para una negociación gobierno a gobierno-. El gobierno uruguayo entendió que el remedio es peor que la enfermedad, y replicó amenazando con pedir la intervención del Mercosur -cuya integridad ya está seriamente amenazada por otros motivos-.

  El clima apasionado que envuelve la controversia y que agudiza el conflicto se alimenta diariamente por la actitud de protesta activa de grupos ciudadanos de las localidades argentinas aledañas al río Uruguay, donde las organizaciones cívicas utilizan una de las más conocidas herramientas argentinas para protestar: los cortes de rutas. Impiden el tránsito por los puentes que vinculan a los dos países a través del río, afectando tanto al movimiento de transportes de carga como al flujo de turistas al Uruguay.

 

  La escalada del conflicto ya ha comprometido la relación de la Argentina con Chile, debido a que camiones chilenos ven impedido el paso hacia el Brasil vía Uruguay. Desde luego, camiones de origen argentino y brasileño sufren el mismo efecto. El conflicto también ha comenzado a repercutir políticamente dentro de la Argentina: dirigentes políticos y líderes de opinión, y hasta algunos gobernadores del mismo partido del presidente Kirchner, piden al gobierno de Entre Ríos más sangre fría en el tratamiento del problema. Que la Argentina deteriore sus vínculos con el Uruguay, que la integridad del Mercosur se vea amenazada, que Chile se sienta unilateralmente afectado en sus intereses y que eventualmente Brasil termine manifestándose a favor del Uruguay -lo que todavía no ha ocurrido de manera oficial, pero es probable- parecen consecuencias excesivas en vistas de las dimensiones reales del problema.

 

  Buscando una explicación racional de este hecho revestido de muchas pasiones y poca racionalidad, puede concluirse que el factor que ha impulsado el crecimiento del conflicto más allá del control de los gobernantes argentinos es la opinión pública. No sólo en la provincia de Entre Ríos -lo que explica la predisposición de su gobernador, que el año próximo buscará la reelección- sino en toda la Argentina. El clima de la opinión pública en estos tiempos está muy teñido por la presunción de que toda iniciativa empresaria es en principio pasible de sospechas y de que cualquier acusación contra las empresas es a priori creíble aun antes de haber sido sustanciada en instancias apropiadas. La opinión pública está restringiendo fuertemente los espacios dentro de los cuales los gobernantes pueden moverse sin tomar altos riesgos políticos. Se la necesite y se le teme. Y cuando la opinión pública se expresa mediante los mismos recursos que los gobernantes han legitimado reiteradamente en otras ocasiones, resulta difícil descalificarla con argumentos diplomáticos, técnicos o simplemente prudentes.

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